Las primeras conversaciones del nuevo Ministerio de Justicia y la judicatura local han servido para sentar las bases sobre cómo se ha de ejecutar el proyecto del nuevo Campus de la Justicia y la forma en que se irán trasladando hasta la calle Las Mieses los juzgados que ahora están dispersos por una decena de sedes. La propuesta, bien recibida en Madrid, habla de hacer el cambio en cinco fases y en un horizonte de siete años, con lo que el Campus no se completaría hasta 2019. Según ha podido saber El Día de Valladolid, se priorizaría bajo criterios económicos, es decir, que se irían primero los juzgados que, actualmente, están en sedes alquiladas.
Este es el plan que pusieron sobre la mesa del Ministerio los dos emisarios que acompañaron a León de la Riva en su viaje del día 6 a Madrid. El alcalde aprovechó su amistad con el nuevo ministro, Alberto Ruiz Gallardón para hacer de cicerone con el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, y el de la Sala de lo Contencioso del TSJ y máximo representante del Poder Judicial en la ciudad, Antonio Fonseca.
Los tres consiguieron no sólo que se acortara ese plazo de once años que, al parecer, había dejado el Gobierno socialista para llevar a cabo las obras del Campus, sino que arrancaron a los responsables ministeriales el compromiso para que este mismo año hubiera ya proyecto definitivo, que en 2013 se urbanizara el entorno y, en los últimos meses, comenzaran ya los trabajos de construcción.
Las cinco fases. Además, en ese afán por agilizar al máximo el proyecto y evitar dilaciones por la falta de poder económico, los dos representantes de la judicatura propusieron al Ministerio que el traslado y, por tanto, las obras se hagan en cinco fases, en lugar de las tres previstas inicialmente.
Así, se construiría primero el bloque frontal de ese peine con cinco púas que se ha previsto por el arquitecto ganador del Plan Director. Ahí van todas las salas de vistas y los servicios comunes (cafetería, oficina bancaria...). Lo que quieren Trebolle y Fonseca es que, al mismo tiempo que se hace este inmueble del que saldrán los otros cinco, se haga ya la primera ‘púa’, el edificio que albergaría los juzgados de la jurisdicción civil que actualmente están en la calle Nicolás Salmerón en un edificio alquilado.
«No tendría ningún sentido hacer ese bloque frontal sin esa primera ‘púa’ para que vaya allí la jurisdicción civil», según explican las fuentes judiciales consultadas por este periódico.
Un edificio al año. Lo ideal para la judicatura es que, a partir de ahí, se pueda ir a un ritmo de un nuevo edificio construido por cada año o año y medio para que el traslado total de la Justicia de Valladolid se pueda completar, como máximo durante el año 2019.
El segundo edificio sería para reubicar a la jurisdicción social, que ahora se halla en dos sedes, alquiladas, de la plaza del Rosarillo; y contencioso-administrativa, que está en la calle San José, locales que sí son propiedad del Estado, como los dos de Angustias -el de la sede central de los Juzgados y el del Palacio de Justicia- y una oficina que tiene el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) en la calle Especería.
El tercero en levantarse sería el de los forenses, a donde iría el Instituto de Medicina Legal, que ahora está alquilado en los bajos de un bloque de Arco de Ladrillo; y el Anatómico Forense, ubicado junto a la Facultad de Medicina.
Jurisdicción penal. Ya en una cuarta fase se iría a Girón la jurisdicción penal, que supone el grueso de los que hay en la sede central de Angustias, compuesta por los juzgados de Instrucción, los de Penal y el de Violencia sobre la Mujer. La quinta fase estaría destinada al traslado de la Fiscalía y la Audiencia Provincial, ahora en el Palacio de Justicia.