La permuta de propiedades entre administraciones que se tiene que producir para que el Campus de la Justicia de Valladolid se convierta en realidad se está retrasando más de la cuenta. El Ayuntamiento y el Ministerio preveían que, en estas fechas, el acuerdo de permuta ya estuviera cerrado, pero lo cierto es que, tal y como ha podido saber este periódico, todavía no se ha producido.

La explicación a esta situación se encuentra en el hecho de que Justicia está pendiente de que la Subdirección de Patrimonio del Estado, un área dependiente del Ministerio de Hacienda, elabore un informe para, así, poder cerrar el convenio con el Consistorio de la capital vallisoletana y dar un paso importante para el avance del proyecto.

Patrimonio del Estado es el departamento encargado de la elaboración de una tasación en la que se establezca el valor de la sede central de los Juzgados de Valladolid, la de calle Angustias. Con arreglo a ese peritaje de los técnicos de Hacienda, se llegará a un acuerdo con el Consistorio y se redactará, de forma consensuada, el contrato de permuta para que ese inmueble pase a ser municipal y la parcela de la calle Las Mieses (barrio Girón) sea del Ministerio de Justicia y pueda albergar el tan reclamado Campus judicial.

Todas las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la voluntad de acuerdo entre las dos partes, Ayuntamiento y Ministerio, es «máxima» y que «no va a haber ningún problema» para concretar las cifras del acuerdo de permuta, pero lo cierto es que el convenio todavía no se ha llevado a efecto y éste es, prácticamente, el paso inicial para que el Campus de la Justicia empiece a ser realidad.

Plan Director. Mientras los técnicos trabajan en la permuta para intercambiar las propiedades, el jurado elegido por el Ministerio de Justicia delibera sobre cuál es el mejor proyecto para el Campus. Se presentaron 26 y en los próximos días se cerrará ya el plazo para que se formalizaran las propuestas económicas. En principio, se cree que a finales de este mes podría estar seleccionado el despacho de arquitectos que se encargará de la redacción del plan director de esta infraestructura.

El proyecto ganador trabajará en un diseño sobre una parcela de 24.462 metros cuadrados, a la que, por la vía del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana), se prevé duplicar la edificabilidad para que se pueda levantar un inmueble de 32.000 m2, con un total de seis plantas de altura.

Contenido del proyecto. Las exigencias básicas que se hacen desde el Ministerio es que tenga capacidad para 53 juzgados, un 40% más que los actuales, unas dependencias que absorberían 23.850 de los 32.000 metros del edificio. También se pide espacio suficiente para hay 35 fiscales, por los 23 actuales; y para 2.050 m2 de Instituto de Medicina Legal (IML), con 750 que serían para la clínica forense, que se haría en la primera fase de las obras, y 1.300 para la sección tanatológica (el conocido como el anatómico forense), que llegaría en una segunda fase, lo mismo que ocurre con la Audiencia Provincial, para la que se guardan otros 2.000 metros cuadrados.

El presupuesto base que, a día de hoy, se maneja para el proyecto del Campus de la Justicia es de 45 millones. Esta cantidad se aportó hace un par de meses, después del encuentro en el que se convocó el concurso de ideas para redactar el plan director, pero lo cierto es que se ha ido incrementando desde que, en de septiembre de 2009, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, oficializara la ubicación del futuro Campus y hablara de una inversión de 16 millones de euros. Unos meses más tarde se habló ya de 27,7 para luego irse hasta los 37 y, finalmente, fijar el coste en esos 45 millones.

Respecto a los plazos, nadie se atreve a decir cuando se pondrá en marcha el Campus judicial. Se dijo que en 2015, pero lo cierto es que, para eso, la primera piedra se tendría que poner en 2012. Y, por ahora, no hay ni Presupuestos...