La conclusión de la investigación judicial del denominado ‘caso PGOU’, finalmente, no llegará hasta el próximo verano, después de que una larga serie de recursos (y sus posteriores alegaciones), así como la inclusión en la causa de nueva documentación, hayan provocado más retrasos que han dejado en papel mojado todas las previsiones iniciales que hablaban de que el dictamen definitivo en torno a este caso se produciría a principios de este 2014.
Ahora, que se cree que ya no se pueden sufrir más contratiempos, todas las fuentes judiciales que ha consultado El Día de Valladolid, hablan de que será a lo largo del mes de julio cuando la Audiencia Provincial determine si Francisco Javier León de la Riva se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados para responder por la supuesta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad o si, tal y como decidió en su momento el juez José María Crespo, instructor de esta causa durante cinco años, el alcalde no tuvo conocimiento de todas esas presuntas ilegalidades.
Un proceso voluminoso. La última palabra la tendrá la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia vallisoletana, tribunal presidido por Feliciano Trebolle, si bien es el experimentado magistrado Miguel Ángel de la Torre quien ejerce de ponente en este proceso de una «gran complejidad», en el que hay cerca de 8.000 folios y varias grabaciones con las declaraciones de los principales sospechosos.
El asunto llegó a la Audiencia Provincial el pasado otoño, tras los recursos presentados por la Fiscalía, el letrado de la acusación popular (Federación de Vecinos) y las defensas de los doce imputados, contra el auto del juez titular del Juzgado de Instrucción 1 en el que se exoneraba a León de la Riva y al concejal Manuel Sánchez, entre otros, y se enviaba al banquillo a esas doce personas.
En esa lista están el que fuera edil de Urbanismo en esa época, José Antonio García de Coca, el que todavía es secretario general del Ayuntamiento vallisoletano, Valentín Merino, cuatro técnicos municipales (Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita Gervás, José Luis Cerezo, José Luis Barca y Luis Ángel Lavín) y cinco empresarios (José Luis Mayordomo, José Luis y Eduardo González Torres, socios los tres del Grupo Capitol; y de la empresa Parkosa, Antonio Pastrana y José Ángel Astorga).
Estos doce imputados acudían en apelación a la Audiencia para rechazar su implicación en el caso y, por lo tanto, para solicitar que se le exonerase. Las acusaciones pública y popular, recurría el auto del juez Crespo con el fin de que la Sección Segunda de lo Penal volviese a analizar la instrucción judicial y que atendiese de este modo su petición de que el alcalde, Manuel Sánchez y el empresario Ramón Herrero Merino (que es el exadministrador de la mercantil Área Especial) pasasen a la lista de imputados.
Recurso de la Fiscalía. Uno de los primeros pasos que dio el tribunal fue dar traslado de esos recursos de las acusaciones a las tres personas a las que se pedía que se imputase, a fin de que, si así lo querían, pudiesen alegar. Esta providencia fue recurrida por la Fiscalía, al entender que no era el momento procesal, pero en una decisión conocida precisamente el pasado lunes, el tribunal ya le respondía al Ministerio Público que mantenía su decisión y que, por tanto, el abogado del alcalde y los otros dos implicados podían presentar sus alegatos.
Este es solo uno de los ejemplos de recursos y alegaciones que se han ido presentado durante estos últimos meses y que, tal y como explican estas mismas fuentes, «han complicado el avance del asunto». «Estos trámites hay que seguirlos a rajatabla para evitar que se vulnere algunos derechos fundamentales y que el proceso pueda ser nulo», detallaron.
Además, se solicitó la inclusión de nueva documentación, como la sentencia del Tribunal Supremo que se conoció el pasado mes de febrero y en la que la Sala Quinta de lo Contencioso-Administrativo confirmaba en todos sus extremos el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ya declaró ilegales los cambios que se hicieron en el Plan General y que, en este otro proceso penal, se quiere determinar quiénes fueron los responsables y si se benefició a alguien con esas modificaciones de planos a espaldas del Pleno Municipal.
Aceptada la inclusión de esa y otra documentación, y resueltos todos los recursos, el tribunal se pondrá en las próximas semanas a examinar el «complejo» asunto y que tiene cerca de 8.000 folios. A continuación, llegará ya la fase de deliberación, que será cuando los tres magistrados que forman el tribunal resuelvan los recursos y digan si los doce imputados han de sentarse definitivamente en el banquillo y si esa lista se tiene que ampliar para incluir al alcalde, al concejal Manuel Sánchez y/o a ese empresario.
Elecciones en 2015. Y todo ello, a menos de un año de las elecciones municipales de 2015 a las que quiere concurrir un León de la Riva que, además, continúa esperando fecha (se estima que podría ser a finales de este mismo año o principios de 2015) para ser juzgado por un presunto delito de desobediencia en el ‘caso Áticos de Zorrilla’.