La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado, en una sentencia conocida ayer, los recursos de casación presentados en 2011 por la Junta y el Ayuntamiento de Valladolid contra el dictamen emitido en el mes de febrero de ese año por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que declaró ilegales las modificaciones que se llevaron a cabo en el PGOU(Plan General de Ordenación Urbana) de 2003, a espaldas del Pleno municipal y que se justificaron por parte de la Administración como meros errores materiales.
El fallo, datado el 22 de enero de 2014 y del que es ponente el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, es muy crítico con los argumentos planteados tanto por los abogados de la Junta y el Ayuntamiento. Usa, entre otros, el calificativo de «insostenible» al abordar unas de las tesis de ambas administraciones para sostener su proceder con aquel PGOU, la relativa a defender que los errores se podían corregir sin revisar todo el documento, con las garantías pertinentes, sino, simplemente, mediante órdenes de corrección de errores.
Alteraciones conscientes. Es más, el Supremo hace suyos los argumentos que ya expuso el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y rechaza que esos cambios en el PGOU sean «equivocaciones elementales en la transcripción de documentos», sino que, según señala el fallo, son «alteraciones conscientes que, por su índole e importancia, cambian el sentido de las determinaciones urbanísticas».
El Supremo cierra, de este modo, la vía contenciosa para la Junta y el Ayuntamiento que, en el primer caso, ya ha iniciado los trámites para ejecutar el fallo del TSJ y adecuar el PGOU; y que, en el segundo, está ultimando ya un nuevo Plan General.
Un caso que desembocará, eso sí, en un juicio en vía penal contra el exedil de Urbanismo del Consistorio y varios técnicos municipales y empresarios del sector; y, todo a expensas, de un recurso de la Fiscalía Provincial ante la Audiencia de Valladolid en el que se reclama también el procesamiento del alcalde, entre otros.