El alcalde no sabrá hasta principios de 2014 si continúa al margen del proceso judicial por la presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad -el conocido como ‘caso PGOU’- o si, tal como reclama la Fiscalía, se le imputa y, por tanto, ha de pasar por el banquillo de los acusados. Los recursos presentados por las dos acusaciones (además de la Fiscalía, la Federación de Vecinos ejerce la acción popular en este proceso) contra el auto de imputación del Juzgado de Instrucción número 1, lo voluminoso de esta causa y el gran número de partes que hay personadas, provocarán un nuevo retraso que dilatará un proceso que lleva abierto cinco años.
El magistrado encargado de la investigación e instrucción de este caso, José María Crespo, emitió el pasado 31 de julio un auto en el que exoneraba al alcalde, varios concejales y exediles municipales, y en el que, en cambio, imputaba a 12 personas y cuatro empresas por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, negociación prohibida a funcionarios y tráfico de influencias. En la lista aparecían, entre otros, el exconcejal de Urbanismo (de 2003 a 2007), José Antonio García de Coca, el secretario del Ayuntamiento y otros técnicos, así como varios promotores inmobiliarios, que se habrían beneficiado de ese PGOU manipulado.
Una vez estudiado ese auto, en los últimos días del mes de agosto y durante este inicio de septiembre, empezaron a llegar a los despachos de la calle Angustias los recursos de los abogados de varios de los imputados, así como del letrado que ejerce la acusación popular y, finalmente, la fiscal del caso, Ana Mª Valle, la más contundente, con un doble recurso -ante el propio Juzgado y la Audiencia- en el que se pide la nulidad de todo el auto y ampliar la imputación a Javier León de la Riva.
Una empresa sin dueño. Los recursos (de reforma) tendrán que ser resueltos por el propio juez instructor, pero será un proceso largo. Para empezar, ni siquiera se puede empezar a dar traslado de los recursos a las demás partes (para que se adhieran o impugnen los mismos) porque el Juzgado no ha podido notificar aún el auto de imputación a una de las cuatro empresas encausadas, porque ya no tiene actividad y no consta el representante legal.
Cuando se supere este escollo, las partes se pronuncien sobre los recursos y el juez José Mª Crespo los resuelva, este caso irá ya a la Audiencia Provincial de Valladolid. Independientemente de que las defensas puedan también apelar el nuevo dictamen del instructor sobre otros aspectos del proceso, el tribunal que preside Feliciano Trebolle, la Sección Segunda de la Audiencia vallisoletana, deberá dirimir si el alcalde tiene que estar o no imputado en el ‘caso PGOU’.
En la Audiencia. Y es que la Fiscalía, que ha planteado ante el propio Juzgado la nulidad de todo el auto, ya ha presentado recurso de apelación ante la Audiencia, en el que, expresamente, solicita la ampliación de la imputación para la inclusión de León de la Riva, del concejal Manuel Sánchez y del que fuera administrador de la mercantil Área Especial, Ramón Herrero Merino.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico apuntan que la causa no llegará a la Audiencia hasta, «al menos», dentro de dos meses. A partir de ahí, los plazos habituales para dar traslado a las partes, deliberar y resolver -unos días- se dispararán por tratarse de un asunto con «miles de folios» y de «una tremenda complejidad». Por ello, se estima que no habría resolución de los recursos hasta principios de 2014y, por lo tanto, habría que esperar todavía varios meses para conocer si el alcalde está o no imputado.
Un escenario hipotético, éste de la imputación, que le sentaría en el banquillo de los acusados y que obligaría a Javier León de la Riva a claudicar en su intención de volver a presentarse a la Alcaldía en las municipales de 2015, al tener que cumplir con las directrices de su partido.