El atasco judicial de Valladolid está ante su peor momento en más de una década. Al borde de los 25.000 casos pendientes de resolución –a una media por juzgado y tribunal superior al medio millar –, solo hubo otra época más preocupante que la actual, la que se generó por la crisis económica de 2008 y en la que el atasco vallisoletano incluso llegó a superar los 28.000 asuntos, impulsado por oleadas de despidos, expedientes de regulación, cierres de empresas e impagos de créditos e hipotecas; y, para colmo, con siete juzgados menos en una provincia que ahora ya tiene 48.

La situación actual se parece bastante a la de entonces por eso de que también tiene su origen en una crisis económica, aunque en esta ocasión haya sido provocada por los dos años de pandemia y restricciones, y no por el estallido de ninguna burbuja inmobiliaria. A pesar de todas las medidas que se fueron implementado para tratar de amortiguar los efectos de esta crisis del coronavirus, la realidad es que también se ha traducido en una avalancha de litigios laborales y económicos que han terminado abarrotando los juzgados un par de años después de que el mundo se rindiese a aquel virus.

Hace más una década, como pasa en la actualidad, lo peor se vivió en las jurisdicciones Social y Civil, lo que acabó derivando en la puesta en servicio del que era el cuarto juzgado de lo Social (2007) y de los dos últimos que se han creado de Primera Instancia hace ya más de diez años (el número 14 en 2009 y el 15, en 2010). En estos momentos, cada juzgado de cualquiera de esos dos ámbitos arrastra una media de 800 casos sin resolver: 10.431 suman los doce de Primera Instancia y otros 3.942 acumulan los cinco de lo Social.

Por encima del millar de casos pendientes también están los tres juzgados de Familia (1.269), las dos secciones civiles de la Audiencia Provincial de Valladolid (2.370) y los seis de Instrucción (3.102).

En 2022, en términos absolutos, se recibieron 61.556 asuntos y se resolvió el 98% (60.517), pero ese millar que quedó pendiente es el que ha llevado el atasco hasta los 24.897 expedientes que aparecen en la última estadística difundida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Se ha registrado una subida de la litigiosidad y pese  a las buenas cifras de resolución, no se ha podido con todo, porque posiblemente ha estallado todo lo que se había ido acumulando de la época covid», tal como explica el juez decano, Emilio Vega.

Con efecto «retardado»

El presidente de la Junta de Personal de la Administración de Justicia en Valladolid, Raúl Franco, tiene claro que el aumento de la litigiosidad que desvela esta estadística está vinculado al «periodo covid-19 y todas sus consecuencias de tipo económico y laboral, que no se han visto reflejadas inmediatamente en 2020 o 2021, sino de una forma  retardada, sobre todo en el ámbito de las reclamaciones de cantidad (en Civil y Mercantil) y laboral (los despidos, las reclamaciones de cantidades a empresas...)». Todo ello, según explica , hace que «las cargas de trabajo, al no haberse creado juzgados en Valladolid en los dos últimos años, aumenten, ya que se ingresan más asuntos, pero a repartir por el mismo número de juzgados».

Sorprende el repunte que se ha vivido en el capítulo de casos en trámite en un año que no ha sido de los más exigentes en cuanto al ritmo de ingreso de asuntos, a una media de poco más de 1.300 por órgano. Nada que ver con los 2.695 que llegaron, de media, a cada uno de los juzgados en 2009, un año en el que se rompieron todos los registros: 107.805. Justo al año siguiente, en 2010, es cuando se alcanzaría aquel pico máximo de 28.046 casos pendientes al cierre del año.

La 'curva' de lo que en términos jurídicos se denomina pendencia empezó a bajar en 2011, cuando los juzgados unipersonales y las cuatro secciones de la Audiencia Provincial de Valladolid lograban resolver más de lo que entraba y, lógicamente, el atasco se mitigaba año a año: cuatro mil casos menos en el cajón de 2011, dos mil y pico al cierre de 2012, otros tres mil en 2013... Así hasta llegar a los 13.102 asuntos en trámite que había al echar el cierre a 2016, menos de la mitad de lo que había acumulado en 2010.

Pero la bonanza llegó a su fin y comenzó una lenta escalada que no se ha conseguido frenar ni antes ni después de la pandemia, lo que ha llevado a Valladolid al mayor atasco desde 2010, tras repuntar un 5,5 por ciento en el último año, dos puntos por encima de lo que creció el ingreso de asuntos y tres más que la tasa de resolución.

Las dos secciones civiles de la Audiencia Provincial se anotan el mayor repunte porcentual, unas décimas por encima del 53 por ciento. Después aparece ya el 47,6% de los juzgados mixtos de la provincia (hay tres en Medina y uno en Rioseco) y el 41% que sufre Menores. Contencioso, Primera Instancia y Social se mueven en la franja del 1% de incremento.

En cambio, reducen sus tasas de pendencia los dos juzgados de lo Mercantil (un 27% gracias a que en 2022 entró en funcionamiento el número 2), el de Violencia sobre la Mujer (-19%), los cuatro juzgados de lo Penal (-17%), las dos secciones penales de la Audiencia (-16%) y los juzgados de Familia (-0,5%).

Las huelgas

«Valladolid suele ir bastante bien, pero ahora tenemos una situación preocupante, puesto que hay jurisdicciones como Civil y Social con muchos problemas por las sucesivas huelgas», según apunta la vicedecana del Colegio de Procuradores de Valladolid, Emilia Camino, quien cree que «quizá sea el momento de modificar varios aspectos en lo relativo a cuáles son las competencias profesionales de unos y otros, lo que hacen y lo que en teoría deberían hacer». 

Una situación que, tal y como reconoce Franco, «va a empeorar a lo largo de 2023 por el efecto de las sucesivas huelgas judiciales y sin planes de contención por parte del Ministerio», un análisis en el que coincide Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid: «Va a ser un mal año, ha habido muchas suspensiones de juicios y aunque no se están señalando con una excesiva demora, va a haber mucho retraso. Y procuradores y abogados estamos muy molestos, por nosotros, los profesionales, pero sobre todo por el justiciable». Los letrados de la administración de justicia (LAJ) ya estuvieron dos meses en lucha, los funcionarios se encuentran en la cuarta semana y han anunciado que a partir del día 22 la huelga ya será indefinida, y jueces y fiscales podrían ser los siguientes si no hay acuerdo en las conversaciones que mantienen abiertas con Justicia para evitar su huelga a partir del 16 de mayo.