Las llamadas cámaras Gesell van imponiéndose en los juzgados de toda España desde hace un par de años, pero no han llegado todavía a los juzgados de Valladolid, donde las partes (juez, fiscal, abogados, equipos psicosociales...) se ven obligadas a improvisar para poder llevar a efecto las denominadas declaraciones preconstituidas, esas que evitan que los menores tengan que someterse más de una vez a interrogatorios muy similares y que potencian su victimización.
Diversas sentencias del Tribunal Supremo avalaron estas pruebas como válidas en 2021 y 2022, y el pasado noviembre fue la Fiscalía General del Estado la que emitió una circular en la que concretaba también su doctrina al respecto, de manera, que su práctica se ha ido generalizando. El problema en el caso de Valladolid es que no hay un espacio adecuado, esas llamadas cámaras Gesell que cuentan con una 'sala amigable' para el menor y el especialista que le acompaña mientras las partes se sitúan tras un espejo que es un cristal.
En esa circular de la Fiscalía ya se explicaba que «una sala de vistas no es el marco adecuado para que un menor de corta edad pueda testificar aportando información relevante sobre los hechos, tanto mas si el niño-testigo es además víctima de hechos graves» y por ello se aboga por el uso de esa prueba preconstituida, que queda grabada.
«En Valladolid se cumple la ley, por supuesto, pero se hace con lo que hay, con lo que se puede cada día. El menor tiene que estar con la asistente social y suele quedarse en un despacho del juez instructor, donde hay cámaras para grabar la prueba. Las partes se sitúan en otro espacio, en una sala si hay libres o en algún otro despacho y así se va solventando, pero no es lo ideal», lamenta el decano del Colegio de Abogados, Javier Martín.
«Las cámaras Gesell suponen unos espacios adecuados para los menores, no un despacho o una sala fría, con unas sillas. Para eso se está apostando por ellas, pero aquí no hay nada», apostilla este letrado, porque «es obligatorio que se desarrolle esa prueba siempre que haya un menor víctima y que así no tenga que pasar tres o cuatro veces para contar lo mismo»
Son unas instalaciones con las que se trata de dar sentido a un cambio legal que exige que esos menores que han sido víctimas de violencia física, psíquica o sexual únicamente declaren una vez y que ya sea válida para el juicio. «La ley dice que es obligatorio, pero luego no nos ponen a disposición ni los fondos ni los medios para llevarlo a cabo y la realidad de Valladolid es que no lo tenemos y ni siquiera lo podemos solicitar porque ya no hay sitio ni para un paragüero», se queja el juez decano, Emilio Vega.