En Valladolid hay entre un cinco y un siete por ciento de población en situación de pobreza extrema. Un porcentaje que se eleva casi hasta el 20% si se tiene en cuenta los que están en riesgo de exclusión social. Así lo confirman informes como el del 'Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León' o la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística, pero también los datos de las administraciones públicas y las organizaciones sociales que atiende a los vecinos que demandan recursos sociales.
Una radiografía muy concreta de la precariedad económica la ofrecen estadísticas como la de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta prestación está dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de los que carecen de recursos económicos mínimos para cubrir sus necesidades básicas. El último dato disponible refleja que en enero de 2024 ayudaba a 6.718 vallisoletanos. De hecho, un estudio de Comisiones Obreras, con datos acumulados desde junio de 2020 a diciembre de 2023, muestra que 1.175 de estas prestaciones eran para familias compuestas por dos adultos y otros tantos menores y que 716 son para núcleos familiares con más de dos hijos.
El estudio refleja que esta prestación tiene rostro de mujer, ya que representan dos de cada tres beneficiarias. Una situación que se repite en las ayudas de emergencia del Ayuntamiento de Valladolid, donde se habla de un perfil heterogéneo, pero donde la solicitante suele ser una mujer de más de 35 años y menor de 60, con familiares a su cargo, que vive de alquiler, pero sin recursos suficientes. Estas prestaciones municipales están dirigidas a garantizar la subsistencia en situaciones de urgencia. «Están diseñadas para proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y asegurar el derecho a vivir dignamente», detalla Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales.
El año pasado los servicios sociales municipales destinaron 1,62 millones de euros para cubrir los requerimientos de 1.972 solicitantes. Eso supone un ligero incremento respecto a 2022, cuando se atendió a 1.900, pero una rebaja sensible con las demandas de 2021, con 2.200 beneficiarios, y 2020, cuando la cifra se disparó hasta los 2.700.
Un dato muy significativo es que el 42,5% del presupuesto del año pasado (693.402 euros) fue para ayudarles en el pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda, el 10,77% para los alojamientos temporales en casos de urgencia social (175.362 euros), mientras que el 10,91% (177.634 euros) se destino a las facturas de los suministro energéticos.
Programa de acogida.
El problema de la vivienda y los gastos energéticos también supone la mitad de las demandas de ayuda en Cáritas. La entidad dependiente de la Iglesia Católica, que se financia con fondos propios, destinó unos 570.000 euros en 2023 a las ayudas de emergencia, según los datos provisionales de su memoria. «El problema de acceso a la vivienda es un problema estructural, que necesita de intervenciones más profundas», apunta Raquel García, trabajadora social del programa de acogida. Desde la institución se recuerda que antes lidiaron con la subida de la demanda de alimentos, luego de las ayudas energéticas, pero que ahora priman claramente las prestaciones al pago del alquiler. «Ahora mismo no hay un perfil concreto de los demandantes de estas ayudas. Conviven situaciones muy precarias, con familias trabajadoras que viven muy al límite por sus ingresos limitados y cualquier gasto extra les deja sin recursos», detalla García.
Una situación que también han constatado en Cruz Roja, donde se apuntan variaciones en los solicitantes desde la pandemia. «Hay nuevos niveles de atención y se suman familias que trabajan, pero que no tienen recursos suficientes. Eso antes no era habitual. Y lo mismo pasa con personas que viven solas y cuyo nivel de ingresos no les permite llegar a final de mes», detalla Beatriz Ronda, directora de Vulnerabilidad extrema de Cruz Roja Valladolid.
Las dificultades de acceso a la vivienda se han agudizado por el incremento de los costes del alquier, que siguen sin frenar su crecimiento. Esto obliga a las administraciones y organizaciones a redoblar sus esfuerzos. Así, el Ayuntamiento ha incrementado desde 2015 su parque público de vivienda en alquiler con destino a personas especialmente vulnerables, que pasó de 12 a 230 a finales de 2023. Aunque las conocidas como 'viviendas blancas' son insuficientes para atender la demanda y por eso entran cada vez más en juego las ayudas de emergencia. De hecho, en la convocatoria de septiembre, la sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) publicó un listado con 160 inscritos que cumplían los requisitos, aunque los pisos disponibles son muchos menos. Esto explica el incremento de las peticiones de ayudas para el alquiler. «Estas se conceden cuando no hay otro recurso social para atender la necesidad», reitera Nieto.
Otras ayudas.
Otro grueso importante de estas ayudas son las destinadas a alimentación. En el caso de las que gestionan los servicios sociales municipales, en 2023 supusieron un gasto de 86.975 euros, a los que hay que sumar otros 115.340 en tartejas prepago. De hecho, el sistema de entrega de tarjetas monedero en vez de alimentos será el que se generalice a partir del mes de mayo, ya que el Gobierno central ha aprobado el proyecto que apuesta por esta opción para «dignificar» las ayudas a las personas vulnerables.
En la misma línea se plantean los kit de eficiencia energética que entrega Cruz Roja, que incluye desde regletas hasta bombillas led y burletes para puertas y ventanas para aislar las viviendas del frío. «Estos recursos permiten que las viviendas puedan ser más eficientes y sostenibles en sus hogares y, así, reducir su coste eléctrico». Son medidas en la línea de dignificar las atención social e incentivar a que la sociedad deje de estigmatizar la pobreza, que es uno de los objetivos de las organizaciones sociales. «Hay que romper los estigmas, dignificar las ayudas y trabajar para que la gente salga de la vulnerabilidad», reclama Beatriz Ronda desde Cruz Roja. Una línea que también defiende Raquel García, de Cáritas, que recalca que cada vez son más recurrentes las situaciones de dificultad que obligan a las personas a tener que acudir a los servicios sociales. «Se ha avanzado en el trabajo conjunto entre todas las entidades, pero hay que intervenir en los problemas estructurales y activar más recursos para corregir estas desigualdades».