Hace tres semanas que una mujer murió en Zamora como consecuencia del ataque de cinco perros de pastoreo, de raza mastín, que acabaron en un centro canino de Simancas, a la espera de la decisión del juez sobre qué hacer con ellos. Es muy poco habitual que un incidente de este tipo se salde con un resultado tan trágico, pero lo cierto es que los ataques de perros a personas no son tan raros, si bien la mayoría de ellos no provoca daños personales.

La Policía Municipal de Valladolid tiene registradas en lo que va de año 20 denuncias de este tipo, todas de «escasa gravedad», según detallan desde el Cuerpo. Además, hay otras diez intervenciones por agresiones de perro a perro. Todas ellas se remitieron a la Junta de Castilla y León, que es la competente para imponer las sanciones, si es que hubiera que hacerlo.

La convivencia entre humanos y canes no siempre es fácil, pero está regulada por la Ordenanza de la convivencia responsable y protección animal, en vigor desde octubre de 2018. Es la normativa que establece, por ejemplo, que todos tienen que estar vacunados contra la rabia, y que define qué medidas de control hay que tomar con los perros que se consideran potencialmente peligrosos. Y no siempre se cumplen, como demuestran las 18 denuncias este año a dueños de estos animales por llevarlos sin el correspondiente bozal.

La normativa establece que son considerados como tales los perros que pertenezcan a las razas akita inu (más conocida como akita japonés), american staffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileiro, pit bull terrier, rottweiler, staffordshire bull terrier y tosa inu,  así como sus cruces de primera generación. También lo son los que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa, los que muestren un carácter «marcadamenre agresivo» y los que «hayan agredido a personas o a otros animales gratuitamente, sin que hubiese mediado incitación, violencia hacia el animal agresor, o en defensa propia», tal y como reza la ordenanza municipal.

En lo que va de año la Policía Municipal ha denunciado a 21 dueños de perros potencialmente peligrosos. Aunque lo más habitual es la sanción por llevarlo sin bozal, que según la normativa debe ser de  «de cesta», es decir, que permita al animal abrir la boca, hay otro tipo de incumplimientos relacionados con estos perros. Por ejemplo, tenerlos sin la correspondiente licencia municipal. Y para conseguirla hay que cumplir una serie de requisitos. El primero, ser mayor de edad y tener capacidad de obrar. El segundo, no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, violencia de género o asociación con banda armada o de narcotráfico. Tampoco pueden tenerlos los que no posean determinadas aptitudes psicológicas y los que no tengan en regla el correspondiente seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, con una cobertura mínima de 180.000 euros.

No obstante, uno de los conflictos más habituales es el que se genera por los perros que van sin correa. En lo que va de año la Policía Municipal ha tenido que intervenir en 156 casos de este tipo. La normativa municipal hace una referencia expresa a los potencialmente peligrosos, que deben ir «atados por medio de un collar y una correa o cadena que no sea extensible y de longitud inferior a dos metros, sin que ocasionen lesiones al animal», aunque pueden ir sueltos y provistos de bozal en los parque caninos.

En el ámbito nacional, la reciente entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha impuesto nuevas obligaciones, como contratar un seguro de responsabilidad civil con todo tipo de perros, la prohibición de dejarlos solos más de 24 horas y de sacrificarlos por motivos económicos.

Por otro lado, los perros que causaron la muerte de la joven en Zamora siguen en el criadero canino La Yosa de Simancas. El responsable de este negocio, José Manuel Sastre, confirma que está a la espera de las órdenes de las autoridades competentes. «Mientras tanto, seguimos alimentando a los animales», sostiene.