Si el volumen de quejas ciudadanas fuera el único baremo para determinar la importancia de un problema, las cacas de los perros ocuparían un lugar privilegiado. Se puede comprobar, por ejemplo, cada vez que el alcalde de Valladolid se enfrenta a un 'micro abierto' de protestas ciudadanas en la tele. Es un clásico. El vecino que llama para quejarse de aquellos que no recogen los excrementos de sus mascotas en calle. Y lo cierto es que se trata de un problema de difícil solución, porque los agentes solo pueden multar a aquellos que pillen in fraganti. Esto puede ser fruto de la casualidad o al hacer ronda de vigilancia en una zona en la que se acumulen numerosas denuncias ciudadanas. Y ni eso es fácil, porque, obviamente, la presencia policial disuade a los potenciales infractores.
Así que, al final, el número de denuncias tiene poco que ver con la cantidad de infracciones reales. Según los datos aportados por la Policía Municipal, en lo que va de año son diez, frente a las once de todo 2022.
La normativa municipal establece que está prohibido dejar estas deposiciones «en las vías, parques y espacios públicos urbanos, jardines y, en general, en cualquier lugar destinado al tránsito de personas y de ornato público», e insta a los dueños a acudir con sus mascotas a las zonas autorizadas por el Ayuntamiento.
Y las obligaciones no son solo con las 'cacas'. La ordenanza establece que los dueños también tienen que evitar que los animales miccionen en las fachadas de edificios y en el mobiliario urbano. Como esto no siempre es posible, cuando lo hagan, deben limpiar la orina con agua jabonosa u «otros procedimientos que garanticen la limpieza del lugar» y, evidentemente, no lo deterioren. En este sentido, también está prohibido utilizar repelentes en las fachadas «que no estén debidamente autorizados» para evitar que los perros hagan sus necesidades. También está prohibido que los perros estén en el entorno de zonas de juego infantil para evitar que los niños entren en contacto con los excrementos.
El incumplimiento de todas estas obligaciones está considerado una falta leve en la ordenanza y se castiga con multas que pueden ir de los 150 a los 600 euros.