La defensa del Grupo El Salvador ha presentado hoy un informe pericial en el Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid, encargado de la investigación de la Operación Ignis, que avalaría la existencia de un vínculo comercial verídico entre la supuesta fábrica fantasma de ataúdes y la funeraria vallisoletana.
El documento, según detallan fuentes jurídicas, contradice otro informe presentado desde el servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que hablaba de una «una relación ficticia» entre Fabricados Senovilla SL (radicada en Santovenia) y Agencia Funeraria Castellana, tras descubrir que el proveedor llevaría desde 2005 funcionando «sin empleados ni instalaciones», lo que habría servido a los acusados para conseguir cuadrar las compras de féretros con las incineraciones, a pesar de los supuestos cambiazos investigados en este caso. La pericial encargada por la defensa de la familia Morchón demostraría, en cambio, «la autenticidad de la relación mercantil en la que en el año 2010 se produjo una sobrefacturación en los precios, pero no en unidades», tal como detallan las mismas fuentes, que apuntan que «dicha sobrefacturación fue tratada ya por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon que determinó probada y real la relación real entre las empresas y la existencia de una compraventa regular de ataúdes, por lo que finalmente decidieron no imponer sanción alguna». A juicio de la defensa de Grupo El Salvador, «esto es determinante al contradecir este informe el único elemento periferico que corroboraría la tesis de las fuerzas instructoras sobre la existencia de unos cambios de ataúdes».
SOLO EL PADRE EN PRISIÓN
La presentación de este informe se enmarca dentro de una línea de defensa que busca la excarcelación de Ignacio Morchón padre, único de los presuntos cabecillas de la trama que aún sigue en prisión provisional. En su caso, la juez de Instrucción 6 no fijó ninguna fianza, al contrario de lo que sí hizo con Ignacio Morchón Vaquero (hijo), para quien estableció 800.000 euros de fianza, y con Laura Morchón, a la que se le rebajaron los 400.000 iniciales a los 200.000 que, finalmente, depositó en la modalidad de fianza hipotecaria, igual que hizo un par de semanas después su hermano. Los dos están ya en libertad, mientras los abogados de Grupo El Salvador intentar suprimir esas fianzas y conseguir la excarcelación del dueño de la empresa.
La Operación Ignis se ha desarrollado en tres fases, por el momento, después de que el pasado 31 de enero se produjesen los primeros registros y detenciones. Las pesquisas de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial hablan de unos 6.000 afectados por los cambiazos de ataúdes antes de las incineraciones, todos entre los años 1995 y 2015, que es lo que estaría atestiguado por las pruebas recabadas por un trabajador ya jubilado, si bien se continúa investigando si El Salvador siguió haciéndolo hasta el mismo día de los registros. El Juzgado de Instrucción 6 investiga a los 26 detenidos hasta la fecha por delitos de estafa, blanqueo de capitales, fraude y pertenencia a organización criminal.