Las declaraciones en sede judicial de los quince detenidos en la Operación Ignis han servido para que la juez encargada de la investigación amplíe la lista de posibles delitos cometidos en esta supuesta trama. A los consabidos de falsedad y estafa por los cambiazos de los ataúdes, así como el de organización criminal, con los que ya 'salieron' de comisaría, se unió uno de fraude contra la Hacienda pública y otro de blanqueo de capitales que, entre otras cosas, se fundamentaría en ese millón de euros hallado en casa de uno de los dueños. Todo, después de una maratoniana jornada de declaraciones en el Juzgado de Instrucción 6, que se prolongaron durante más de trece horas.
En cualquier caso, fuentes judiciales aclaran que aún es "una calificación jurídica genérica y provisional" y que serán las diligencias que se practiquen a lo largo de la instrucción judicial las que "permitirán esclarecer la participación de cada uno de los investigados en los hechos y, en función de ello, la concreción de los posibles delitos". Asimismo, confirman que el juzgado "investiga, entre otras actividades presuntamente irregulares, si se retiraban los ataúdes antes de la incineración y se revendían". Aunque la juez acordó levantar el secreto de sumario el jueves por la noche, después de los registros y las detenciones, aún sigue habiendo una pieza separada sobre la que se mantiene el secreto de actuaciones.
Veinte años y "miles" de afectados
La Operación Ignis arrancó en 2017 con una profusa investigación que partió de la denuncia que el propio Grupo El Salvador interpuso contra un extrabajador por extorsión. Fue en ese proceso, en el que el exempleado acabó condenado a un año de prisión, donde se descubrió la presunta 'macroestafa' que se habría estado cometiendo en los tanatorios de la funeraria entre 1995 y 2015; veinte años que habrían dejado un reguero de "miles" de afectados, según avanzaron el viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y el jefe superior de Policía, Jorge Zurita. Fue en la rueda de prensa en la que dieron cuenta de lo ocurrido el jueves 31, cuando se llevaron a cabo siete registros en los que, además de abundante documentación, los agentes se incautaron de casi un millón de euros en efectivo, que estaba en casa de uno de los dueños de la empresa.
La juez encargada de la Operación Ignis decretó a última hora del sábado el ingreso en prisión de dos de los quince detenidos en la investigación de la presunta 'macroestafa' de las funerarias. Así, tras declarar desde primera hora de la mañana del sábado en sede judicial, trece salieron en libertad con cargos, mientras que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 6 ordenó que los dos dueños de la empresa, padre e hijo, ingresen en prisión, aunque, en el caso del segundo aceptó la imposición de una fianza de 800.000 euros.