Unas cien personas han presentado alegaciones al examen que se realizó el pasado 9 de octubre para obtener una de las 26 plazas de acceso libre que se ofertan a auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Valladolid. Una prueba que realizaron casi 300 personas, que son las que superaron la criba de un examen previo. Los alegantes denuncian una serie de «irregularidades» que provocaron que «no se respetaran los principios de igualdad, mérito y capacidad» que deben primar en estas convocatorias.
Por ejemplo, una de las quejas es que hubo desigualdad de trato en los dos grupos en los que se dividió a los opositores. Mientras el primero comenzó la prueba a las 9.00 horas y la terminó sobre las 11.00, al segundo se le hizo el llamamiento a las 9.30 horas y no comenzó el examen hasta las 11.40. Los aspirantes denuncian que, en ese periodo de tiempo, a los aspirantes no se les restringió el acceso al teléfono móvil, de tal modo que, a través de grupos de Telegram, pudieron acceder a información sobre el contenido del examen procedente de los que ya habían acabado en el primer grupo. Además, denuncian que esperar más de dos horas para empezar, a diferencia del primer grupo, les generó «nervios, ansiedad y estrés».
Otra de las quejas es que en algunas aulas se permitió ver el documento proporcionado antes del comienzo del tiempo de realización del examen, y en otras no. Además, no se proporcionaron las mismas instrucciones en todas las aulas, es decir, «en unas se indicaban los pasos a seguir y en otras directamente no se indicaba nada, lo que provoca una desigualdad al no tener todo el mundo la misma información», denuncian.
Otro punto de las alegaciones es que los criterios de corrección fueron modificados el mismo día del examen, «cuando en las bases se indicaba claramente que serían publicados con 72 horas de antelación».
Otra de las quejas tiene que ver con que «no se permitió a los opositores llevarse una copia del examen, tanto en papel como en un dispositivo USB, para poder verificar las posteriores impugnaciones o comprobaciones sobre el mismo, lo que va en detrimento de la transparencia en este tipo de procesos», tal y como figura en el escrito que estos opositores han presentado para alegar, que finaliza solicitando «la anulación del citado examen y la repetición del ejercicio».
Otra queja generalizada es la falta de claridad en los enunciados de los ejercicios. «Las instrucciones no eran claras, llevando a interpretaciones personales o directamente a no entenderlas», señalan.
El concejal delegado de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Juan Carlos Hernández, reconoció que «no es habitual» que se presente un volumen de alegaciones tan elevado, aunque se remite al trámite reglado para resolverlas, un trabajo que está en manos del tribunal calificador. Si esas alegaciones, que se han presentado individualmente, no fueran estimadas, los opositores podrían recurrir a la vía administrativa y sería el propio Departamento de Recursos Humanos el que debería resolver.