Un hombre de 58 años, y que llevaba tres en el paro, se suicidó esta semana poco antes de ser desahuciado en el barrio barcelonés de Sants. Un lanzamiento que se iba a producir después de que el juzgado de primera instalación número 3 de la Ciudad Condal rechazase un informe emitido por los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona sobre la situación de vulnerabilidad de esta persona.

No es lo habitual. El Ayuntamiento de Valladolid realiza habitualmente estos trámites, especialmente desde la declaración del estado de alarma. Y, tal y como confirma la concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, los juzgados «normalmente los tienen en cuenta».

El año pasado se enviaron 166 informes de este tipo para suspender o retrasar los lanzamientos. Es un trámite fundamental para que los juzgados puedan aplicar la normativa aprobada por el Gobierno, que ha suspendido estos procesos hasta el 9 de agosto siempre que se acredite la vulnerabilidad de las personas afectadas. Los trabajadores sociales suelen remitir información sobre los ingresos y situación social de la persona en riesgo de desahucio, además de otros aspectos, como si tiene apoyo familiar. «Pero nosotros tenemos que seguir trabajando con estas familias, porque, aunque lo pares en un momento dado, hay que seguir buscando alternativas», explica Romero.

A estos 166 casos hay que añadir otros cuatro de interlocuciones directa con las entidades con acuerdo, uno de ellos de reestructuración de la deuda. Aquí no siempre se tiene éxito. El año pasado se iniciaron 29 negociaciones, 14 de las cuales ya han finalizado. Aparte de las cuatro mencionadas, otras cuatro finalizaron con una dación en pago de la vivienda, otra se cerró sin acuerdo, otra se canceló por mejora de la situación económica del afectado y otros cuatro desistieron de participar en este programa.

No todos los informes de vulnerabilidad que realiza el Ayuntamiento van destinados a los juzgados. El año pasado se remitieron otros 74 a la Consejería de Fomento para que los tuviera en cuenta en los procesos de adjudicación de viviendas de promoción pública. En ambos casos son los juzgados y el Gobierno regional los que solicitan estos informes.

Esa es solo una parte de la ayuda social que presta el Ayuntamiento de Valladolid. En muchos casos los asistentes sociales se sientan con las familias para hacer un análisis y control de gasto, para priorizar los que pueden generar más problemas. «Ayudándoles a ordenar esto y con temas de alimentación van saliendo adelante», añade la concejala.

El efecto de la pandemia. Romero recuerda que durante los cincos años previos a la pandemia la demanda de ayuda de emergencia no había dejado de descender, pero reconoce que el coronavirus «ha supuesto un antes y un después». Actualmente hay dos perfiles de personas atendidas, las que tienen una situación de vulnerabilidad más cronificada, que en muchas ocasiones están dentro de la economía sumergida, y las que se han visto en dificultades, de forma coyuntural, por haberse quedado en el paro por la pandemia.