Dos semanas después de la declaración del estado de alarma, el Gobierno aprobó un real decreto que contenía medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a la covid-19. Una normativa que recoge en su primer artículo la «suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional». Se trata de una medida que pretendía evitar que personas en riesgo de exclusión se quedasen en la calle en un momento especialmente complicado. En principio se iba a aplicar hasta el 30 de septiembre de 2020, pero se terminó prorrogando hasta el 31 de enero de este año y, posteriormente, hasta el 9 de agosto de 2021.

Pues bien, el real decreto ha tenido un importante impacto en Valladolid. Si en 2019 se realizaron en la provincia 407 desahucios, esa cifra bajó el año pasado un 40 por ciento para situarse en 248. Los lanzamientos que se han producido desde entonces corresponden a personas que no han podido acreditar una situación de vulnerabilidad.

La ley prohibió desahuciar, por ejemplo, a las personas que pasaron a estar en situación de desempleo y a los empresarios o profesionales que hubieran sufrido «una pérdida sustancial de ingresos o una caída en la facturación de al menos el 40 por ciento». Tampoco se podía sacar de su vivienda a las unidades familiares que acreditaran estar por debajo de determinados ingresos fijados en el real decreto en función del tipo de familia que se trate.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial también revelan que durante el primer trimestre de este año los lanzamientos en Valladolid han bajado un 14 por ciento al pasar de los 80 del año pasado a los 69 del actual. Se da la circunstancia de que la mayor parte de estos procedimiento, 59 en el primer trimestre, se iniciaron por impagos del alquiler.

La bajada de desahucios que se produjo el año pasado en Valladolid está por debajo de la nacional, un 45,6 por ciento, pero por encima de la regional, un 29,6 por ciento.