Las campañas electorales no suelen dedicar mucho esfuerzo a los municipios pequeños. Casi 5.000 de los 8.131 que hay en España no superan los 1.000 habitantes, pero en términos cuantitativos son de tercera división. La concentración de habitantes en un núcleo concreto es la vara de medir, porque el 40% de la población reside en ciudades de más de 100.000 habitantes y sólo un 3% de los españoles lo hace en pueblos de menos de mil. Otra razón más que marca la desigualdad rampante entre los diferentes territorios.
De ahí que en vísperas de la nueva cita con las urnas conviene hacer un sentido homenaje a esos cientos de regidores, normalmente desinteresados, que confían en revalidar su mandato o a esos otros cientos de aspirantes a los que les mueve exclusivamente mantener vivo su pequeño pueblo y unidos a sus convecinos. Y sin ninguna contraprestación económica ni prebenda de ningún tipo.
Son esos ciudadanos anónimos, comprometidos con el interés general, los que ponen nombre y apellido al verdadero código ético de los servidores públicos. Y sí, me dirán que esto son meras reflexiones de corte romántico en medio de la ley de la jungla que impera en estos tiempos. Sin embargo, el modelo a seguir está, una vez más, en lo pequeño, en lo sencillo, en esos pueblos donde se ejerce de manera transversal la auténtica vocación política, donde se conoce mucho a la persona y mucho menos al político que la envuelve. Les hablo de algo que pasa desapercibido, pero que es de suma relevancia: la credibilidad humana de los candidatos que concurren.
Piensen que seguimos sin un estatuto del político, un código de buenas prácticas de obligado cumplimiento para todos. Sabemos que rigen leyes orgánicas y hasta los estatutos de los partidos contienen abundante normativa al respecto (casi siempre sujeta a libre interpretación). Sin embargo, me refiero a algo más específico y relacionado con la persona, que sirva realmente para velar por la verdad de quien se apresta a representarnos. Penalización por promesas incumplidas, gestión transparente de los recursos públicos… son algunos de esos códigos necesarios.
Se trata, en definitiva, de que la persona que se esconde dentro de la figura política ostente la máxima moralidad y rectitud posibles. Sencillamente, porque un mal representante público no nos debe seguir saliendo gratis.