Maite Rodríguez Iglesias

PLAZA MAYOR

Maite Rodríguez Iglesias

Periodista


El precio de las naranjas

09/02/2024

Del campo al súper el precio de los alimentos se dispara. No es algo nuevo, ni parece que se pueda cambiar fácilmente, pero en un contexto inflacionista como el que todavía vivimos es un problema de primer orden. Existe una ley de la cadena alimentaria para evitar desfases de más del 500% entre lo que se paga a los productores y el precio final en los comercios. Basta el ejemplo del precio de las naranjas, que en el supermercado son siete veces más caras que el precio al que se venden en el campo. Así que está claro que la regulación no está funcionando, ya sea porque no hay suficientes controles para evitar el enriquecimiento de los intermediarios o porque hay fallos para poder saltarse esta legislación. 
El caso es que tanto al principio como al final de esa cadena hay dos claros perjudicados: los agricultores y los consumidores. Y los primeros han hecho bandera de esta reclamación, que se ha escuchado reiteradamente este días como uno de los principales argumentos de las tractoradas que tratan de paralizar las principales capitales para concienciar a la sociedad de la crisis del campo español. 
El problema es que recurrir reiteradamente al colapso como fórmula de reivindicación es un tanto arriesgado y hay que saber medir muy bien cuánto se puede estirar el chicle. El abuso de estas decisiones acaba ocasionando problemas graves a otros sectores y se pierden las simpatías iniciales. También hay que saber elegir bien los portavoces de estos movimientos para no contaminarlos y alejarlos de manipulaciones interesadas.
Resulta llamativo ver cómo en Francia las reclamaciones del sector reciben el apoyo mayoritario de toda la sociedad, incluidos los partidos políticos. Y aquí hay una lucha sin cuartel por ver quién capitaliza el movimiento y cómo se puede utilizar como arma arrojadiza contra el contrario. Pero sorprende mucho más comprobar cómo las propias formaciones políticas asumen argumentos falsos contra determinadas medidas económicas y medioamentales. Intentar reducir el problema a las decisiones de Europa es simplista y falaz. Ese saco de boxeo en el que se ha convertido 'Europa' diluye las responsabilidades de las administraciones españolas y puede dejar sin efecto la eficacia de esta reclamación. Eso sin olvidar que es necesario una visión menos cortoplacista y más a medio plazo porque resistirse al cambio puede ser más perjudicial para los intereses generales.