En estos tiempos convulsos, los ciudadanos asistimos atónitos a las modificaciones legislativas que está ejecutando el Gobierno de Pedro Sánchez, tales como la derogación del delito de sedición o la rebaja de del delito malversación (corrupción), cumpliendo las exigencias de sus socios independentistas (Junqueras y compañía), los mismos que intentaron dar un golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017 y que fueron condenados por aquellos hechos, y a los que Pedro Sánchez ya ha indultado.
Visto desde Valladolid, se podría pensar que este 'tsunami político' se circunscribe al Congreso de los Diputados y a la política nacional, y que aquí, en nuestra ciudad, vivimos en cierto modo en un tranquilo oasis a donde no van a llegar sus efectos, lo cual es un grave error, porque eliminar las herramientas para defender el Estado de Derecho nos perjudicará antes o después a todos los españoles.
Pero es que, además, tenemos que lamentar que también a nivel local, el Partido Socialista no respete el marco legal en algo que es absolutamente fundamental, como son los derechos constitucionales.
Y me explico, el Ayuntamiento de Valladolid, presidido por el señor Oscar Puente, acaba de ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por prohibir una mesa informativa que nuestro partido político, VOX, había instalado frente a la estatua de Colón la noche del 11 de octubre de 2020: el Tribunal ha declarado que la orden de desmontaje de la carpa y de la mesa informativa fue ilegal, y que el Ayuntamiento de Valladolid vulneró el derecho de reunión, que tiene amparo constitucional (art. 21 CE).
Esta sentencia, que entendemos histórica, establece que «no es necesaria la autorización de ocupación de vía pública del Ayuntamiento de Valladolid para la instalación de las mesas informativas, al estar amparadas esa instalación en el derecho de reunión (art. 21 CE)», dando la razón a VOX para desarrollar libremente su actividad política en las calles de nuestra ciudad, frente a las tesis prohibicionistas que el alcalde, Oscar Puente, y su equipo de gobierno intentan imponer con excusas burocráticas.
Y lo de menos es la indemnización por daños morales «por frustrar con la orden ilegal de desmontaje de la carpa y de la mesa informativa la finalidad de la convocatoria», que no era sino informar sobre la moción de censura presentada contra Pedro Sánchez. Lo peor es que después de esta sentencia del TSJ, el alcalde se niega a asumir ningún tipo de responsabilidad por esta persecución de la actividad política, y a pedir perdón. 
Pero los vallisoletanos pueden estar tranquilos, porque después de las más de 90 mesas informativas llevadas a cabo por VOX durante este año 2022 en Valladolid y provincia, el próximo 2023 lo volveremos a hacer.