Una vez más el Gobierno de turno (aunque en este caso en funciones) aprovecha el letargo festivo de agosto para lanzar un globo sonda y, dadas las fechas, poner un poco de sordina a las reacciones (de rechazo, claro). Esta vez parece que el globo va de verdad y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anuncia el pago de un peaje ‘simbólico’ en todas las carreteras de alta velocidad (doble vía) del Estado. El anuncio ya ha provocado las lógicas reacciones desde las Administraciones autonómicas, que oscilan entre el rechazo y la petición de explicaciones; y desde los profesionales del transporte, contrarios a una carga impositiva más.
De todo lo escuchado, lo único que debería tranquilizar a todos es el compromiso de que no se hará nada sin «un gran pacto de Estado». En todo caso, la propuesta tiene aún muchas incógnitas que despejar: cuánto se va a cobrar (el Gobierno ha deslizado que no más de 2 a 3 céntimos de euro por kilómetro), cuál será el gravamen por vehículo (pesados, autobuses, coches, …), quién va a cobrar (el Estado o una concesionaria). Además de otras no menos baladíes: ¿tendrían que pagar los vecinos de las ciudades dormitorio de todas las grandes urbes que todos los días usan vías como la M-30 en Madrid, la A-8 en Bilbao…? Dice el ministro Ábalos que lo normal es que las paguen quienes las usan. Si llevamos al absurdo esta justificación, las comunidades del interior no deberíamos pagar ni un euro en el mantenimiento de faros y puertos. Pero nadie ha propuesto nunca tal cosa. También asegura que ahora «son gratuitas». Otra media verdad ya que esas vías se han construido con el dinero de todos.
Y luego están los efectos colaterales que tendría una medida así. El Gobierno necesita sacar de algún sitio los 2.000 millones que cuesta mantener las autovías, una cantidad que irá creciendo a medida que se liberalicen nuevos tramos que hoy son de peaje. La AP-1 pasó a ser gratuita a finales del año pasado y en los próximos dos años vencen 1.000 kilómetros más (en la AP-7, AP-4 y AP-2) y, actualmente, no hay capacidad presupuestaria para absorberlos. Pero una nueva carga fiscal desviaría el tráfico hacia vías alternativas de inferior capacidad, ahora en manos de Gobiernos regionales y Diputaciones, que verían incrementados sus costes de mantenimiento.
No olvidemos que en España hay una red global de 166.000 kilómetros de carreteras que nos cuestan a todos más de 4.500 millones de euros. Efectivamente, cualquier cambio en el uso y repercusión de costes debe basarse en concienzudos análisis de necesidad, costes y justicia distributiva regional para garantizar que el transporte lo pagamos y nos beneficiamos entre todos.