La Diputación de Valladolid pone en marcha, un año más las ayudas del Plan de Apoyo al Empleo (PAE) en la Provincia, dotado con 2,86 millones de euros, y que ofrece la posibilidad de acceder a subvenciones para financiar la contratación de personas en situación de desempleo para realizar obras o servicios de interés general y social en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, así como a las entidades locales menores.
En la convocatoria de este año la Diputación de Valladolid ha incrementado los fondos destinados a este programa, que financia íntegramente, pasando de 1,92 millones euros en 2023 a 2,86 millones, lo que repercutirá en la cantidad que se destina a cada ayuntamiento o entidad local menor, que verán incrementadas las aportaciones en, al menos, 4.000 euros con respecto al año pasado.
El Plan de Apoyo al Empleo se desarrolla en el marco de los programas de activación para el empleo de la Junta para lo que ambas instituciones han suscrito el correspondiente convenio.
Se abre el plazo de presentación de solicitudes por parte de las entidades locales, que finalizará el próximo 12 de marzo y el importe de las ayudas será de 29.000 euros para las entidades locales con población superior a 5.000 habitantes; de 19.000 euros para las de entre 1.001 y 5.000 habitantes; de 14.000 euros para las de entre 451 y 1.000 habitantes; de 11.100 euros para las de entre 251 y 450 habitantes; y de 10.300 euros para las de igual o inferior a 250 habitantes.
Las personas contratadas por los ayuntamientos y entidades locales Menores deberá estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y deben de pertenecer, preferentemente, a colectivos con dificultades de inserción laboral.
En este sentido, se consideran colectivos prioritarios las personas menores de 35 años, especialmente las que carezcan de cualificación, las personas desempleadas de larga duración, especialmente con cargas familiares y las personas desempleadas mayores de 45 años.
Además, se consideran colectivos específicos como las mujeres desempleadas, especialmente víctimas de violencia de género; las personas desempleadas mayores de 55 años; las personas con discapacidad; las personas en riesgo de exclusión social, especialmente las beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía; y las personas inmigrantes, emigrantes retornados y personas refugiadas o que tengan reconocido el derecho de asilo.
Para percibir las ayudas se admiten contrataciones efectuadas desde el 1 de enero de este año, que tengan una duración mínima de 90 días y máxima de 365 días, si el contrato es a jornada completa; contratos con una duración mínima de 120 días y máxima de 365 días, si el contrato es a tiempo parcial igual o superior al 75 por ciento de la jornada ordinaria; o contratos con una duración mínima de 180 días y máxima de 365 días, si el contrato es a tiempo parcial igual o superior al 50 por ciento de la jornada ordinaria.