La Junta de Castilla y León recibió durante todo el año pasado un total de 836 solicitudes de información presentadas por ciudadanos que "no localizaron lo que necesitaban en el portal de Gobierno abierto, en el que existen unos 720 conjuntos de datos publicados sobre temas de relevancia". De todas ellas, un 13 por ciento fueron inadmitidas o desestimadas, de manera que en el resto de los casos se le ofreció al ciudadano la información que solicitaba.
Estas peticiones de información son "cada vez más avanzadas, concretas y especializadas" y, a pesar de "no existir un sector especial", por norma general son sobre "sanidad, educación o servicios sociales y todo aquello que se puede tener diagramado con volumen numérico y que permite hacer una valoración".
Así lo apuntó hoy el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su presencia en la ciudad de León con motivo de la celebración de la primera jornada de formación para los empleados públicos de las Delegaciones Territoriales, dirigida a aquel personal que presta servicio en las oficinas de atención al público y dirigida a la materia de la transparencia y particularmente a las peticiones por escrito de información.
Para González Gago, la transparencia supone un elemento "esencial" que "garantiza la democracia y que los ciudadanos puedan tomar opinión sobre las políticas de la Junta", de manera que con ello se intenta reflejar "una administración cercana, clara y eficaz de cara al ciudadano".
Estos ciudadanos pueden acceder al conjunto de información del Gobierno autonómico de varias formas. Por una parte, se puede acceder a la página web oficial y entrar en el portal del Gobierno abierto. Además, también puede formular una solicitud telemática o por escrito en cualquier oficina de registro a la Junta pidiendo la información que le interese.
Sin embargo, el consejero de la Presidencia puntualizó que "no siempre es posible ofrecer todos los datos al ciudadano", la existir "unos límites legales" para que "no se vean afectados derechos de terceras personas". No obstante, quiso dejar claro que el Gobierno autonómico "tiene una actitud proactiva en la transparencia y en el ofrecimiento de información".
Luis Miguel González Gago destacó que la Junta está "alineada" en estas políticas con el Comisionado de la Transparencia, "una institución autonómica que vela por que el conjunto de administraciones públicas cumplan con su deber de ofrecer información". De igual manera, está alineada con el Consejo de la Transparencia, que atiende las posibles reclamaciones presentadas por ciudadano y con "la jurisprudencia y las sentencias que dictan los jueces y tribunales al respecto".
El consejero de la Presidencia resaltó que "la política de transparencia una cuestión en la que siempre ha trabajado la Junta de Castilla y León". González Gago recordó que en 2011 fue pionera en la aprobación de un código ético y de austeridad de los altos cargos, en 2014 Transparencia Internacional la consideró la administración española más transparente, en 2015 se aprobó una legislación propia con la Ley de Transparencia, Atención al Ciudadano y Buen Gobierno y en 2021 obtuvo el Premio Nacional de Calidad e Innovación en el Servicio Público.
Gobierno del Dato
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, resaltó que la Junta de Castilla y León trabajan en estos momentos en un contrato administrativo en fase de licitación por 2,4 millones para poner en marcha "un gran proyecto" denominado 'El Gobierno del Dato', que pretende estructurar durante los próximos dos años y medio todo el conjunto de aplicaciones tecnológicas para unificarlas y "poder ofrecer una mejor información al ciudadano".
Pequeños ayuntamientos
Luis Miguel González Gago también puso de relieve la "apuesta clara del Gobierno autonómico" por el apoyo a las entidades locales, para lo que "también juegan un papel importante las diputaciones provinciales en sus funciones de asistencia técnica" para que los pequeños ayuntamientos también puedan cumplir con la Ley de Transparencia.
En este sentido, señaló que la Escuela de Administración Pública programa anualmente un curso de transparencia dirigido a empleados locales, que también pueden participar en los cursos generales para la propia Junta.
Asimismo, se trabaja en un proyecto piloto que se pretende extender al conjunto de municipios para "permitir que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia se realicen la propia web de la Junta de Castilla y León", mediante "un espacio específico".