Una de las últimas dirigentes políticas en afirmar "No me voy. Me quedo" fue la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que se mostraba remisa a dimitir cuando salió a la luz la cinta de un hurto de cremas en Eroski, uno de los ejemplos más claro de fuego amigo, por si tenía veleidades de pasar de la política madrileña a la nacional. También se resistía a dimitir el expresidente del Partido Popular, Pablo Casado hasta que la evidencia de que le habían segado la hierba bajo los pies le hizo comprender su situación y que no tenía otra alternativa que coger el portante y marcharse a casa.
La ministra de Igualdad, Irene Montero acaba de afirmar que no está dispuesta a dimitir aunque el PSOE, con el que comparte gobierno, decida presentar en solitario una modificación de la ley del solo sí es sí a para paliar los efectos indeseados de la norma aprobada en el Congreso, que ha supuesto la rebaja de penas y en algunos casos la excarcelación de condenados por delitos de índole sexual. La ministra de Unidas Podemos ha justificado su decisión en su "obligación" de dar la cara para proteger el principal avance feminista en los últimos veinte años, la introducción del consentimiento como clave del arco de las relaciones sexuales y que al aunar los delitos de abuso y agresión sexual y la consiguiente reducción de penas ha causado los problemas en la aplicación de la ley.
Aunque la decisión de Irene Montero de dar la cara sea loable, su caso no es comparable al de los otros dos mencionados más arriba, porque no se trata solo de dimitir sino de contemplar la posibilidad de que sea cesada por el presidente del Gobierno que tiene esa potestad constitucional y que en algún momento tendrá que ejercer bien con carácter personal bien con carácter colectivo deshaciéndose de los ministros de UP cuando se acerquen la elecciones si estos no se van ante para marcar su territorio.
De vuelta a la modificación de una ley que avanza, a pesar de todo, en la defensa de la libertad sexual de las mujeres, y a pesar de que la actual se seguirá dejando sentir en las revisiones de condena –a favor del reo- y de que siempre hay partidarios del populismo punitivo que todo lo arreglan incrementando las penas de prisión, el PSOE y Unidas Podemos tratan de cuadrar el círculo y negocian mantener el consentimiento y aumentar las penas por los delitos de carácter sexual sin que la violencia o la intimidación vuelvan a tener que ser demostradas por las mujeres que han sido agredidas sexualmente. Que la norma tiene que ser modificada es evidente porque ha generado una alarma social con la que es preciso acabar. Y más allá de la amenaza al PSOE del exvicepresidente primero, Pablo Iglesias, de que si aprueba la ley acercándose al PP, "lo pagará", las advertencias de que la ley presentaba vías de agua era conocida y aún así no se dio marcha atrás.
Y, en efecto, la decisión de permanecer en el cargo incluso si la ley es modificada y no se alcanza un acuerdo entre PSOE y UP podría interpretarse como otro gesto de "soberbia infantil" por parte de Irene Montero. Ya ha habido ministros que se han marchado al ver que su 'ley estrella' había sido rechazada o no tomada en consideración. José Luis Corcuera dimitió cuando el TC anuló la ley de "la patada en la puerta", y Alberto Ruiz Gallardón cuando Rajoy desechó su proyecto para modificar la ley del aborto.