El impuesto sobre el Patrimonio, uno de esos tributos que no suele agradar precisamente a la minoría que debe pagarlo, pero que la gran mayoría estaría encantada de verse obligada a hacerlo (afecta sólo a quienes ostentan fortunas, en el caso de Castilla y León a partir de 700.000 euros, sin contar el valor de la vivienda habitual hasta 300.000), vuelve a estar de actualidad. El pasado 12 de septiembre, la Junta de Extremadura confirmaba que lo suprime; y ocho días antes, el 4 de septiembre, la Agencia Tributaria publicaba su estadística de 2021, con la cual, entre otras cuestiones, indirectamente revela que en Castilla y León ya hay 149 ricos más (+2%) que en el último año prepandemia, dentro de un colectivo cuyo patrimonio neto, dentro del mismo intervalo, ha pasado de 18.113 a 19.356 millones (+6,8%); y Valladolid copa buena parte de tal aumento.

Los datos de la Agencia Tributaria no están detallados a nivel provincial, pero dan más que pistas si se toma también la referencia de la Memoria de la Gestión Tributaria 2022, publicada meses antes por la Junta, en la que Valladolid figura con 65 ricos más que en 2019, tras aumentar de 1.652 a 1.713 (+3,93%) los declarantes de este impuesto en el periodo voluntario (es decir, sin sumar los que se incorporasen después, que sí se computan en la estadística estatal pero dentro del dato nacional y del autonómico). 

Asimismo, dado que las grandes fortunas vallisoletanas generaron el 26,61% de la recaudación de Castilla y León en el último ejercicio contabilizado, bien puede deducirse que les corresponde en torno a 5.152 millones de los citados 19.356 de patrimonio neto de la Comunidad; de media estimativa, rondan los tres millones por cabeza. Y la fortuna de este colectivo en su conjunto habría crecido casi un 30% desde 2019, teniendo en cuenta en este caso que la recaudación ejecutiva ha crecido desde entonces, en comparación con 2022, un 28,91%.

Las grandes fortunas de Valladolid crecen desde la pandemia

El llamado Impuesto sobre el Patrimonio, cedido por el Estado a las comunidades autónomas, lleva tiempo además bajo los focos por el debate sobre si las diferencias entre territorios alientan competencia y cambios de residencia fiscal; sobre todo, desde que Madrid decidió bonificarlo al 100%, a cuya estela se sumó Andalucía el año pasado y ahora Extremadura. Galicia también lo bonifica, pero el 25%, mientras otras comunidades han optado por alterar las escalas de gravamen o el patrimonio neto a partir del cual se está obligado a pagar. En Castilla y León continúa en 700.000 euros, el mismo listón fijado por la norma estatal cuando se decidió recuperar este tributo en 2011; Vox aboga por su eliminación, mientras el PP, sin decir sí o no, lo mantiene tal cual. 

Recaudación

La Memoria de la Gestión Tributaria 2022 muestra cómo Valladolid volvió a superar los once millones de recaudación anual a través de este impuesto. Es la provincia de la Comunidad que más aporta por esa vía y rebasó tal cantidad por segundo ejercicio consecutivo, pero con un notable aumento de los cobros en periodo voluntario (sin tener que esperar actuaciones posteriores de la inspección ni computar correcciones o declaraciones presentadas fuera de plazo). Dentro del periodo voluntario de 2021, en Valladolid se contabilizaron, concretamente, 1.717 declaraciones de este impuesto que de inicio generó así una recaudación de 9,3 millones, una cifra que (tras inspecciones y demás) acabó por elevarse a 11,5. En 2022, mientras, ya de primeras, con 1.713 declarantes (cuatro menos) se alcanzaron 10,7 millones (1,4 más), y finalmente 11,2 (0,3 menos).

Las grandes fortunas de Valladolid crecen desde la pandemia

El abono voluntario se disparó así un 14,31% en la provincia con respecto a 2021, aunque la recaudación ejecutiva total bajó un 2,82%; porcentajes que aún fueron más abultados a nivel autonómico, con variaciones positivas en ambos casos, del 18,40 y el 9,61%, respectivamente.

No obstante, Valladolid aportó aun así más de una cuarta parte (26,61%) de la recaudación ejecutiva total de la Comunidad, y más de una quinta (22,55%) en cuanto a declaraciones presentadas en periodo voluntario. La diferencia sigue siendo así importante en comparación con el resto de provincias castellanas y leonesas, tanto por número de declarantes (o dicho de otro modo, por la existencia de grandes fortunas) como por las cantidades recaudadas.

De hecho, la siguiente provincia que más aportó en Castilla y León es Burgos con 9,4 millones; y León por número de declaraciones presentadas en el plazo voluntario, 1.373; pero ambas lejos de las ya citadas 1.713 de Valladolid y los 11,2 millones recaudados en total.