La nueva Ley de Vivienda incluye una medida que busca fomentar el acceso al alquiler mediante una reducción de los costes para el arrendatario. Desde hace algo más de dos meses las agencias tienen prohibido cobrar a los potenciales inquilinos una comisión cuya cuantía habitualmente rondaba una mensualidad del alquiler. Antes de la aprobación de esta Ley, las inmobiliarias podían cobrar esta comisión al propietario o al inquilino. De hecho, podían hacerlo a los dos, y así lo hacían muchas de ellas, al entender que prestaban un servicio a ambas partes, pese a que solo hubieran sido contratadas por una de ellas.
El sector asegura que el nuevo escenario ha puesto contra las cuerdas a muchos pequeños negocios que tienen en el alquiler el principal negocio y que están tratando de sobrevivir en un mercado con mucha competencia. «Nunca en la Democracia se había prohibido a un negocio facturar por prestar algún servicio», asegura el presidente de la Red Inmobiliaria de Valladolid (Redivall), Cristino Torío, muy crítico con la nueva legislación. Según él, no sería exagerado pensar que algunos negocios puedan llegar a cerrar por esta medida. De entrada, sostiene que el primer efecto que ha tenido la nueva ley es una reducción de las inmobiliarias de su disposición a organizar visitas fuera del horario laboral, tal y como se hacía antes para adaptarse a las necesidades de los interesados en la vivienda. «Hay muchas inmobiliarias pequeñas que venden una vivienda cada tres meses y viven de la intermediación del alquiler», explica.
Desde la aprobación de esta norma, varias asociaciones de usuarios e inquilinos han denunciado el incumplimiento sistemático de la misma, ya sea porque las inmobiliarias seguían pretendiendo cobrar esta comisión al inquilino o la camuflaban con cualquier otro concepto inventado para justificar ese mismo pago. Por ejemplo, un reciente estudio de la asociación de consumidores Facua denunció este incumplimiento en el 40% de las agencias inspeccionadas en un muestreo de 114 de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Mallorca, Bilbao, Santiago de Compostela, Toledo, Salamanca, Valladolid y Zaragoza. «Algunas agencias recurren a diferentes trucos o argucias para enmascarar que siguen cargando estos gastos a los futuros inquilinos», denuncia Facua, quien detalla conceptos como 'Estudio de viabilidad y solvencia económica del inquilino', anglicismos como fee (tarifa) o 'servicios prestados al arrendatario' para justificar el pago. Sin embargo, Valladolid es una de las cuatro provincias, junto a Santiago de Compostela, Toledo y Zaragoza, donde Facua no detectó ningún incumplimiento.
El representante de las inmobiliarias de Valladolid considera que la nueva Ley de Vivienda es muy lesiva, no solo para el sector, sino también para los potenciales inquilinos, puesto que aporta menos garantías a los propietarios y, según él, eso supondrá un descenso de viviendas de alquiler en el mercado. Y a menor oferta con igual demanda, mayor precio. «Por ejemplo, yo tengo un cliente con 30 pisos en alquiler que ya me ha dicho que, a medida que se vayan vaciando, los ponga a la venta», señala. Torío dice que es consecuencia de una ley propia de «una república comunista-bananera».
Para él, uno de los problemas de esta ley es que «no se ha contado con las agencias ni con los propietarios» para elaborarla. «Solo se ha contado con el sindicato de inquilinos», denuncia, una agrupación de reciente formación para defender los derechos de este colectivo. «Cuando se legisla a golpe de una ideología caduca, pasa esto», asevera el presidente de Redivall. Un ejemplo de ello son los mecanismos que establece la ley para dificultar los desahucios de las personas en situación de vulnerabilidad. Torío cree que, en lugar de ayudar, esto puede hacer que los propietarios opten por no alquiler las viviendas a personas con una situación económica precaria.