Es un hecho que la actividad empresarial ha caído en los últimos años como consecuencia de la crisis económica, una circunstancia que ha hecho que la Inspección de Trabajo modifique en parte su rutina. No es que la actividad sea menor en este organismo, sino que ahora pone mucho más énfasis en luchar contra la economía sumergida en lugar de, por ejemplo, buscar irregularidades en el cumplimiento de la legislación. «Cuando las cosas van mal, siempre se tiende a intentar ahorrarse lo que se pueda», señalan desde la Inspección Territorial de Trabajo. Una ‘picaresca’ que se suele traducir en trabajadores sin dar de alta o en declarar menos salario del que realmente se percibe.
Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en Valladolid se detectan casi cuatro infracciones al día, no solo en materia de Seguridad Social, sino también en relacionales laborales, seguridad y salud laboral y empleo y extranjería. Entre enero y septiembre de 2011 se realizaron 6.529 visitas a empresas que concluyeron con 1.043 sanciones reflejadas en 787 actas. Es un ritmo ligeramente inferior de sanciones que el registrado el año previo, si bien cabe recordad que 2010 fue el ejercicio con más incumplimientos de la historia, con 1.542.
Además, el importe de las sanciones ascendió a 1.580.792 euros. Es decir, que la multa media impuesta es de 1.515 euros, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Toda esta labor de vigilancia es responsabilidad de una plantilla, la de la Inspección de Trabajo, que en Valladolid está formada por 13 inspectores, 14 subinspectores y 25 personas de apoyo. ¿Mucho o poco? Hay opiniones para todos los gustos. Los sindicatos sostienen que una plantilla formada por 52 personas para toda la provincia es insuficiente. De hecho, una de las propuestas de UGT dentro del Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de Inspección de Trabajo es ampliar la plantilla y «mejorar los tiempos de reacción ante las denuncias». Desde el sindicato aseguran que «el tiempo que transcurre desde que se interpone la denuncia y la actuación de la Inspección es muy alto» y hace que en algunos casos «cambien las circunstancias».
Por el contrario, el presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Manuel Soler, casi se lleva las manos a la cabeza cuando se le habla de ampliar la plantilla. «No podemos pagar más nóminas», dice. El responsable de la patronal dice haber tenido siempre una «buena» experiencia con la Inspección. «A veces hemos llevado a cabo planes conjuntos, además, mediante sus requerimientos, hace que muchas empresas se pongan al día».
Requerimientos. Los requerimientos a los que se refiere Soler son actuaciones que los inspectores instan a hacer a las empresas para mejorar su situación, pero sin imponer sanción (siempre que se soluciones en un espacio determinado de tiempo). En los nueve primeros meses del año pasado se hicieron en Valladolid 1.917 requerimientos, la inmensa mayoría de ellos (1.618) en materia de seguridad y salud laboral.
Precisamente en esta área se sancionaron 281 infracciones por valor de 469.455 euros. Incluso en tres ocasiones se llegó a paralizar la actividad de la empresa, un protocolo que se sigue cuando se considera que un incumplimiento pone en riesgo a los trabajadores. En el área de relaciones laborales se detectaron 160 infracciones que provocaron que 288 contratos temporales pasaran a indefinidos. Por otro lado, en empleo y extranjería la Inspección impuso 28 sanciones, aunque el grueso de las multas se concentra en materia de Seguridad Social: 536.