El acuerdo que Junts per Catalunya sacó al Gobierno el pasado miércoles en una negociación de última hora, con el objeto de que se pudieran aprobar los decretos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, proponía en la primera votación del Congreso de los Diputados, y que ponía a prueba su capacidad para garantizar la gobernabilidad de la legislatura está dejando una importante resaca con cuestiones que están alentando una sensación de inseguridad y descontrol que, seguramente, tendrá sus consecuencias en un futuro próximo.
Un acuerdo formalizado sobre la bocina no puede concretar letra pequeña, y es más que probable que desde el gabinete de Moncloa se trate ahora de relativizar la trascendencia y la aplicación del pacto que, se mire por donde se mire, fomenta un escenario de confusión y de inseguridad.
Preocupantes son las gestiones iniciadas, con incentivos fiscales y laborales, para devolver empresas a Cataluña, porque no es sino un misil sobre la línea de flotación de la independencia empresarial, generando políticas absolutamente agresivas y que, a todas luces, fuerzan una ruptura del entendimiento territorial.
Pero, sin duda, más preocupante es la concesión en materia de inmigración a Cataluña. En primer lugar, porque ésta no ha de pasar a ser nunca una facultad de los territorios autonómicos, ya que es un problema sumamente grave que afecta a todo el país y que se ha de afrontar con políticas de estado. Más aún, tiene su extensión en todo el continente, entendiendo como tal a la Unión Europea, que tiene en España e Italia, por cuestiones geográficas, el mayor flujo de población migrante desde África. ¿Qué sentido tiene ante esta fotografía que una autonomía tenga capacidad de decisión en esta materia? Ninguna.
La cesión de facultades en materia de inmigración y extranjería a la Generalitat, en caso de que se materialice en virtud del pacto, tiene además su extensión, puesto que hasta el momento es competencia exclusiva de la Policía Nacional, presente en todo el país. El cambio puede suponer, por lo tanto, una brecha en la seguridad de toda la nación.
Otro de los focos de esta decisión está puesto sobre la capacidad que pueda tener el Ejecutivo catalán para decidir la expulsión de inmigrantes en situación irregular que hayan cometido delitos de manera multirreincidente, como viene defendiendo Junts en los últimos tiempos, y que, paradójicamente, choca con los preceptos del también partido soberanista ERC, que es el que gobierna la Generalitat, rechazando este 'abrazo' a los discursos de la extrema derecha.
Enfriar el acuerdo, como han hecho desde Esquerra, no alivia para nada la situación que se ha planteado tras la cesión del PSOE a Junts, que supone un paso más en la ruptura de los equilibrios territoriales, alimentando una creciente inseguridad que deja un escenario de confrontación y desigualdad.