Las diligencias previas 1866/2017 llevan abiertas cinco años en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid, desde que la Policía Nacional dio traslado a la jueza de la posible existencia de un delito contra el patrimonio, descubierto en el transcurso de la investigación por una denuncia de extorsión de un trabajador de la funeraria, Justo M.G., a los propietarios de Grupo El Salvador. La mañana del 31 de enero de 2019 se llevaban a cabo los registros de la llamada Operación Ignis y se iniciaba una nueva fase de investigación que ha ido obligando a la magistrada a ir prorrogando el plazo legal de instrucción.
Hasta el pasado mes de julio, cuando la jueza Teresa Javato ya adoptó la decisión de no seguir con las prórrogas, acordando las que serían las últimas diligencias de investigación y centrándose ya en el proceso de ofrecimiento de acciones a cada uno de los 5.996 perjudicados identificados por la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en su profusa investigación.
Un «goteo», según apuntan las fuentes del caso consultadas por este periódico, para el que nadie se atreve a ponerle cifra y, por lo tanto, tampoco para establecer la fecha del final de la instrucción que dé paso a la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Valladolid.

Muerte del patriarca

En ese auto de imputación no estará el patriarca del grupo funerario, tal como establece un reciente auto del juzgado en el que decreta el sobreseimiento libre de Ignacio Morchón Alonso, que falleció el pasado 15 de octubre a los 77 años de edad.