Los ERTE se reducen, pero aún triplican los niveles precovid

David Aso
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Entre enero y julio de este año se contabilizaron 1.085 afectados en la provincia por ERE y sobre todo por ERTE, frente a 3.331 en el mismo parcial de 2022, aunque en los de 2018 y 2019 no se pasó de 300

Findus ha sido de las últimas empresas en aplicar un ERTE en Valladolid, aunque sólo de nueve días. - Foto: Jonathan Tajes

Las empresas de Valladolid están reduciendo la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo o extintivos (ERTE o ERE). Desde luego, nada que ver ya lo de los últimos meses con la frecuencia con que recurrieron a tales procedimientos administrativos durante la pandemia, aunque siguen siendo muchos más que en los años inmediatamente anteriores.

Según refleja la estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, actualizada hasta el pasado julio, en los siete primeros meses de 2023 se contabilizaron 1.085 empleados afectados en Valladolid por regulaciones, concretamente. Son apenas un tercio de los que se registraron en ese mismo parcial de 2022 (3.331) y se quedan a años luz de los de 2021 (23.486) o 2020 (69.525), que fue cuando el Gobierno impulsó el uso de los expedientes de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) como una alternativa a los despidos que no comprometiera la viabilidad de las empresas, ya fueran grandes o pequeñas. Patronales y sindicatos acogieron de forma positiva la iniciativa, dadas las circunstancias, y aún hoy, de hecho, sigue siendo el tipo de regulación más demandado. 

No en vano, de los citados 1.085 trabajadores de Valladolid incluidos en expedientes de regulación entre enero y julio, 975 (el 97,86%, o redondeando, nueve de cada diez) se vieron afectados por reducciones de jornada o suspensiones temporales de empleo (ERTE), mientras que 'sólo' 110 (10,14%, o uno de cada diez) fueron parte de despidos colectivos (ERE) y, por tanto, perdieron sus empleos. Destaca que incluso UGT y CCOO presentaran sendos despidos colectivos en abril y julio para más de 50 empleados cada uno en el conjunto de Castilla y León, con más de 20 afectados en total en Valladolid.

Los ERTE se reducen, pero aún triplican los niveles precovidLos ERTE se reducen, pero aún triplican los niveles precovid

Por otro lado, coincide que los 110 afectados de enero a julio por despidos colectivos representan una cifra que no sólo es inferior a las registradas en los primeros siete meses de 2022 (217), 2021 (195) o 2020 (141), sino que se sitúa como la segunda más baja de toda la serie estadística, que se remonta a 2005, sólo por encima del parcial de 2019 (91).

Ante este escenario, el delegado general de CCOO, Raúl García Agudo, considera que «habría que despojar a los ERTE de esa connotación negativa que siempre han tenido los expedientes de regulación en general», por la flexibilidad que supone para las empresas la regulación temporal como «una alternativa a la toma de decisiones más traumáticas». «Es algo positivo que surgió del diálogo estatal con el Gobierno, y de alguna manera está funcionando como contención de la destrucción masiva de empleo que había antes», apostilla. En empresas grandes y de cualquier tamaño, ya que «en las pequeñas se despedía antes de una forma más directa, sin llegar al tope de despidos a partir del cual se tenía que recurrir a un ERTE, y ahora este mecanismo está más a mano de las áreas de recursos humanos».

Críticas de UGT a la Junta

Por la parte de UGT, quien toma la palabra ante la propuesta de El Día de analizar la evolución de los ERTE y ERE en Valladolid es su secretario de Acción Sindical y coordinador del Diálogo Social en Castilla y León, Raúl Santa Eufemia, que si bien percibe «algún repunte en los últimos meses», pone el foco sobre la ausencia de datos detallados por parte de la Junta, que antes informaba del número de expedientes, tamaño de las empresas y sectores afectados, entre otras cuestiones, y desde marzo de 2022 «ni facilita esta información en los órganos de participación ni los publica en su web».

Santa Eufemia enmarca el 'apagón informativo' en la entrada de Vox a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, así como entre las consecuencias de que ya no se disponga de un plan anual de política de empleo (papecyl), en el que Junta y agentes sociales consensuaban iniciativas de salud laboral, igualdad y otros ámbitos que se «calendarizaban», facilitando un seguimiento que ahora se dificulta, mientras las medidas de la Consejería surgen de «monólogos sin debate». Y los ERTE, entretanto, erigidos ya prácticamente en una herramienta de uso común para empresas en crisis.