Ya hay más personas que empresas y autónomos que se acogen a un concurso de acreedores para poder liquidar sus deudas en el marco de la denominada Ley de Segunda Oportunidad. Los últimos datos que ha hecho públicos el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo recogen ese sorprendente registro, sino también un acusado repunte de las cifras globales a lo largo de un 2022 en el que llegaron a iniciarse 245 concursos en los dos juzgados de lo Mercantil que hay en la ciudad, lo que supone un 44 por ciento más que el año anterior y más del doble de lo que había antes del estallido de la pandemia.

Pero si algo llama la atención es el hecho de que, de esos 245 casos, algo más de la mitad (126) lleven la rúbrica de una persona 'natural' –que es como las define el propio CGPJ–, de un ciudadano de a pie que tuvo que acogerse a esta escapatoria de la Ley 25/2015 para conseguir ese rescate de un sistema que liquida una parte de la deuda acumulada pero que exige que se actúe de buena fe para tratar de hacer frente a parte de la deuda. Son más que los 119 que suman todos los casos protagonizados por autónomos (83) y empresas (36).

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico encuentran una doble explicación al incremento de los concursos, que centran estos problemas en «autónomos a los que les golpeó la crisis provocada por la pandemia» y en «ciudadanos de a pie con deudas generadas por alguna hipoteca o por problemas de ludopatía». «Cada vez se van viendo más casos porque también se va conociendo mejor la Ley de Segunda Oportunidad que sí que ha costado que se conociera», tal como apostillan estas fuentes, que recuerdan que esta norma data del año 2015, pero ha ido extendiendo su utilización «muy poco a poco».

Desde 2015

En efecto, los datos que recopila el Consejo General del Poder Judicial confirman que ha habido un desarrollo muy lento en Valladolid, donde se pasaron los tres primeros años sin acumular ni cien casos (diez en 2016, 31 en 2017 y 24 en 2018) para después ya empezar a incrementarse algo el ritmo (50 en 2019), algo que ya se ha ido acentuando de la mano de las crisis del coronavirus: 70 en 2020, 86 en 2021 y los 126 de 2022 que suponen una subida del 46%.

Estos son los casos de todas esas personas a las que les «comen los créditos» y que tienen que acudir a la Ley de Segunda Oportunidad. Pero todavía suben más los casos de autónomos que se acogen a la opción del concurso, ya que en el último año han pasado de los 37 que hubo en 2021 a los 86 citados anteriormente; más del doble en el marco de un año que «debía ser el de la recuperación postpandemia» o, en el peor de los casos, «el del hundimiento de esos pequeños negocios de los autónomos», tal como explican unas fuentes que creen la utilización de esta norma «irá a más a partir de ahora».

Hacen referencia la reforma que entró en vigor a finales de 2022 y que busca abaratar los costes del proceso judicial suprimiendo la obligación de ir a un notario y de contratar a un mediador, así como agilizar los plazos, estableciendo un tiempo máximo de 18 meses para que el juzgado concluya el concurso.

La buena fe

Lo que no cambia es el espíritu de una ley que pone el acento sobre la buena fe de esos ciudadanos endeudados para que pongan sobre la mesa todo lo que tienen; y lo que deben. Se deben ceder todos los bienes y activos, a excepción de los imprescindibles para el desarrollo de la actividad profesional (taxis, camión, local comercial...) y una vez liquidados o vendidos, se procede a solicitar la exoneración o cancelación de las deudas al juzgado.

Hay más requisitos para poder iniciar el proceso, como declarar el estado de insolvencia actual o el que vaya a ser inminente, no ser declarado culpable en el concurso, que las deudas no sumen más de 5 millones de euros y no haberse acogido a esta ley ni haber sido condenado por delitos económicos o falsedad en los diez años previos.