El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, cargó ayer duramente contra la posible amnistía a los políticos catalanes dentro de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y tachó de «desprecio» a la justicia «atribuir a una persona huida de ella la condición de interlocutor político principal». El máximo dirigente del TSJ aprovechó el acto institucional de apertura del Año Judicial en Castilla y León para manifestarse contrario al Derecho de Gracia, ya que se trata de «una reminiscencia de las monarquías absolutas y se compadece mal con un Estado moderno como el nuestro». «La amnistía supone una manifestación suprema del Derecho de Gracia que elimina, no solo alguna de las consecuencias del delito, como hace el indulto, sino la propia existencia del mismo», y añadió que es «un derecho al olvido adecuado para determinados momentos históricos –como el que se produjo en 1977 con el objeto de lograr la reconciliación nacional– pero que se antoja improcedente cuando no existe más que un mero interés particular».
«La única manifestación del Derecho de Gracia que prevé nuestra Constitución es el indulto y éste no puede revestir la forma de indulto general al estar expresamente proscrito y ello porque atenta contra la exclusividad de la función jurisdiccional que ejercen jueces y magistrados y contra el Principio de Igualdad ante la Ley», enfatizó Concepción, que alertó de que «dar a entender a los sediciosos que tenían derecho a hacerlo sería propinarle un golpe mortal al Estado de Derecho». Por ello, el presidente del TSJ advirtió de que aprobar la amnistía por el caso del 'procés' supondría «bendecir las conductas ejecutadas con el propósito de destruir España y de atentar contra la propia Constitución».
En clara alusión a la negociación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont (Junts) para iniciar una negociación sobre una eventual investidura de Sánchez, Concepción recordó que «con ser grave la lentitud de la justicia» no es «el principal peligro que acosa a España». «El año pasado decíamos que al vertiginoso proceso de descomposición que padece nuestro país no es ajeno el tercer poder del Estado». A ello, el responsable del Alto Tribunal añadió «el desprecio a la justicia» que supone atribuir a Puigdemont «la condición de interlocutor político principal», convirtiéndole, dijo, «en árbitro de los destinos de España». «Algo estaremos haciendo mal», se preguntó.
Por otro lado, durante su intervención en el acto, al que asistieron alrededor de 150 personas, entre ellas, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente Juan García-Gallardo; y el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, apostó por «la unión y el consenso de todas las fuerzas constitucionales para reeditar un gran Pacto de Estado sobre la Justicia que permita la renovación de las instituciones, y una ambiciosa y definitiva modernización de los medios con los que trabaja». Acuerdo común que, dijo, debe servir para acometer «las oportunas reformas legislativas que acaben con esa apariencia de contaminación política con la que muchos ciudadanos perciben la Justicia», informa la Agencia Ical.
Principios de legalidad
Por su parte, el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, subrayó que«la actuación del fiscal está sometida a los principios constitucionales y estatutarios de legalidad e imparcialidad, unidad de acción y dependencia jerárquica». De esta forma, dedicó parte de su discurso a ofrecer una breve explicación sobre la «esencia» y «algunos aspectos» de la forma de actuar de los fiscales dado que entendió que el Ministerio Fiscal sigue siendo «un gran desconocido» para la sociedad.