Más de un centenar de funcionarios se ha sumado este martes en Valladolid al cortejo fúnebre durante el 'entierro' de la Justicia, en el marco de las movilizaciones que desde hace un mes mantiene el colectivo para que el ministerio del ramo atienda sus reivindicaciones, al igual de lo que ya ha hecho con otros operadores del sector.

La comitiva, al son de la marcha fúnebre, partía a las 11.00 horas del Edificio de los Juzgados encabezada por cuatro funcionarios, dos de ellos tocados con sombreros de copa 'infinita', portando a hombros el féretro con los restos mortales de la Justicia y una foto de la ministra, Pilar Llop.

Tras ellos un grupo de plañideras enlutadas y con velos mostraban su dolor con gritos desgarradores: "¡Ay, no puedo, no puedo!", coreaban al unísono mientras el resto de la comitiva no cesaba de pedir la dimisión de la ministra y lanzar otras proclamas para dar testimonio de su profundo malestar con la actitud de un ministerio que ni siquiera les ha recibido y, por contra, ya ha llegado a acuerdos con otros estamentos judiciales, como primero los Letrados de la Administración de Justicia y ahora con magistrados, jueces y fiscales.

El cortejo fúnebre apenas ha recorrido un centenar de metros ya que el 'entierro' de la Justicia se ha escenificado en la adyacente Plaza de San Pablo. Allí, a los pies de la cruz del mismo nombre, los funcionarios han depositado los 'restos mortales' de la Justicia, al tiempo que se reproducían los lamentos y gritos de dolor de los participantes, entre ellos el presidente autonómico del sector de CSIF, Juan José Banciella, quien ha atribuido la situación a una ministra "huidiza que deja languidecer a la Justicia sin reunirse con un colectivo que representa al 93 por ciento del sector y que es el que saca el trabajo de los juzgados en el día a día".

Los asistentes a la escenificación del entierro sostienen, en palabras de Banciella recogidas por Europa Press, que la muerte de la Justicia la ha provocado la propia ministra, que tras ya un mes de huelga ni siquiera se ha dignado a recibir a los representantes de los trabajadores para atender sus reclamaciones, "simplemente que el trabajo que realizan se pague y que se negocie con ellos la Ley de Eficiencia Organizativa".

Los funcionarios censuran que el ministerio sí ha atendido las demandas de otros colectivos, mostrando así una actitud "clasista", y que con su negativa a asumir las reivindicaciones de los funcionarios que integran los Cuerpos Generales ha desembocado en un 2023 que no dudan en calificar como "un año judicial perdido", en referencia a los cientos de miles de juicios que se han suspendido en toda España hasta la fecha.

Medio millar de vistas suspendidas a diario

En el caso de Valladolid, Banciella asegura que cada día de huelga supone la suspensión de un centenar de vistas, medio millar a la semana y un millar en toda Castilla y León. La situación, ha insistido, ha llegado a tal punto que en la jurisdicción social se está citando ya para junio de 2024 y que algún juzgado que en enero no tenía un solo escrito que proveer, hoy acumula ya más de 800.

"Estamos hablando de que la Justicia es un derecho esencial que afecta de lleno a los ciudadanos: hay muchos que no se están pudiendo divorciar, otros no pueden reclamar deudas y pequeñas empresas a las que se adeudan determinadas cantidades ven cómo se han suspendido sus juicios y se posponen a 2024", ha resumido el representante de CSIF para mostrar los efectos de la huelga en el sector.

El sindicalista ha expresado su confianza en que la manifestación prevista para este jueves en Madrid llene la capital de España con cientos de miles de funcionarios llegados de todas las provincias -Valladolid fletará dos autobuses- y ha advertido que la huelga indefinida no será desconvocada hasta que el Ministerio de Justicia atienda sus legítimas demandas.

"Vamos a seguir reclamando nuestros derechos y nuestros trabajos porque creemos en una Justicia del siglo XXI que solo puede garantizarse y funcionar con los funcionarios de los Cuerpos Generales", ha sentenciado.

Eso sí, Banciella ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que se están cumpliendo escrupulosamente los servicios esenciales y se están defendiendo los derechos fundamentales de los justiciables, es decir, que nadie se va a quedar en la cárcel porque un juzgado de guardia no esté trabajando.