La exclusión financiera galopa y corta el viento en el mundo rural sin conocer aún dónde se encuentra la meta. Más de un 85 por ciento de los municipios vallisoletanos no cuenta ya con acceso a los servicios bancarios más básicos. Solo una treintena de poblaciones dispone de oficina bancaria y cajero automático, lo que ha provocado ya que la Diputación Provincial haya tenido que poner en marcha un servicio móvil y algunos fijos para que los vecinos de casi dos centenares de localidades puedan tener acceso a su dinero sin desplazarse a otros puntos de la geografía vallisoletana o de provincias colindantes. A esta escasez de servicios se une la brecha digital que existe en el medio rural por la dificultad de las personas mayores en acceder a la banca por internet e incluso por la falta de fibra óptica en algunas zonas.
El sistema bancario ha tendido a la concentración de entidades desde la crisis financiera de 2008, algo que aún se ha notado más en la denominada España vaciada, donde existía un interés social más allá del rendimiento económico de las sucursales existentes en municipios con menos de 5.000 habitantes. Está claro, y nadie lo discute, que las empresas privadas tienen como objeto principal ser rentables, o sea ganar dinero. Y eso es totalmente legítimo, en primer lugar porque si esa premisa no se cumple la supervivencia de esa sociedad mercantil es imposible. No obstante, las entidades financieras deben tener en cuenta otros factores correctores que, salvando su rentabilidad, les permita ofrecer un servicio a las personas que pueblan el medio rural y mantener el atractivo y los servicios necesarios para atraer a más habitantes a nuestros pueblos. La situación llega al extremo de que dos de los más ricos de Castilla y León (Simancas y Boecillo están en el top 5 de mayor renta disponible) tan solo disponen de una sucursal, y gracias.
El compromiso de las actuales entidades financieras es algo que se echa mucho de menos, quizás con la excepción de las distintas cajas rurales que, al contrario que el resto, están abriendo oficinas en los últimos años y mantienen una atención personalizada. Evidentemente ya no existe ese apego al territorio que sí tenían las antiguas cajas de ahorro, desaparecidas por la nefasta gestión político-económica, pero aún continúan existiendo miles de personas con sus ahorros, sus nóminas o pensiones de jubilación e incluso muchas empresas o administraciones con cuentas y movimientos importantes. Como en el resto de los servicios, la actual situación demográfica en la provincia hace inviable que todos los pueblos puedan disponer de oficina bancaria, sin embargo quizás debería realizarse una 'ordenación territorial' que fijarse unas zonas de tamaño y población razonables que permitieran a los ciudadanos acceder a los servicios básicos en un radio de 10 o 20 kilómetros.
Como dije antes, la Diputación Provincial ha salido en auxilio de los vallisoletanos. Ya hace un año instaló cinco cajeros automáticos fijos en otras tantas localidades con más de 1.000 habitantes, mientras que esta misma semana ha iniciado un servicio móvil, que recorrerá la provincia a través de unas rutas periódicas para llevar a los vecinos los servicios financieros más básicos. Desde luego hay que destacar el esfuerzo del equipo liderado por Conrado Íscar para facilitar la vida de los vecinos de los casi dos centenares de pueblos que no disponen de un triste cajero para acceder al dinero propio. Habrá que ver el funcionamiento, pero los vallisoletanos lo han acogido con ilusión, como esa puerta que abre la esperanza de poder contar con dotaciones financieras, sanitarias, educativas o comerciales en los municipios rurales, aunque todas ellas sean itinerantes y solo acudan una vez a la semana o dos veces al mes.
Mientras tanto, las entidades privadas, que en los malos momentos disfrutaron de ayudas públicas, continúan con los recortes de oficinas y servicios en el medio rural. Y eso debería penalizarles.