Castilla y León inicia el despliegue de los denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), con las primeras ocho actuaciones en tres provincias. En conjunto, está en marcha la renovación de 894 viviendas desde esta primavera con el objetivo de reducir en al menos un 30 por ciento el consumo energético y mejorar la urbanización de la zona, para lo que contarán con una ayuda de 18,16 millones.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio está trabajando en delimitar nuevos espacios de rehabilitación en la Comunidad, con el fin de agotar los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Su objetivo, según explicó a Ical, es la reducción significativa del consumo de energía primaria no renovable de los edificios residenciales y de la demanda energética.
En concreto, está en ejecución la actuación en la zona de Santa Catalina, de Aranda de Duero (Burgos), para rehabilitar 180 viviendas, con una ayuda solicitada al Gobierno de 4,86 millones. En la ciudad de Salamanca están iniciadas otras tres intervenciones, una en los bloques de Nicar, para 160 viviendas, con una ayuda de 2,54 millones; otra para la zona de Gladiolos, donde se han seleccionado 86 viviendas y se solicitaron 1,63 millones, y una tercera en la Chinchibarra, con 81 casas y una subvención de 1,29 millones.
Asimismo, está en marcha desde finales de marzo otra actuación en Tiedra (Valladolid) para 64 viviendas, con una subvención de 1,01 millones de euros, similar a la diseñada para la localidad vallisoletana de Villalar de los Comuneros, con 64 viviendas y una ayuda de algo más de un millón de euros. Además, en Peñafiel se prevé actuar sobre 115 viviendas en la primera fase del Conjunto Histórico, con una ayuda de 2,13 millones, mientras en la capital se continuará trabajando sobre 144 pisos en el barrio del 29 de octubre, para lo que se pide 3,65 millones, según informa Ical.
El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones continúa con la ejecución de once áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), impulsadas en 2018 y 2019, para intervenir sobre un parque residencial de 1.351 viviendas. En conjunto requerirán 33,34 millones, de los que la Junta aporta 15,11 millones; el Gobierno, 3,14 millones; los ayuntamientos, 11,13 millones, y los particulares, 3,95 millones.
En el ARRU de La Cachara en Ávila se trabaja en la rehabilitación de 154 viviendas; en la fase tres de San Cristóbal en Burgos, en 125; en Entrevías, Miranda de Ebro, en 172; en La Puebla norte, de Ponferrada, en 150; en La Pinilla, de Trobajo del Camino (León), en 72; en Astudillo (Palencia), en 75; en el barrio de la Chinchibarra de Salamanca, en 140; en el de San José de Segovia, en 100; en el segunda fase del 29 de octubre de Valladolid, en 132; en Medina de Rioseco, en 125, y en Benavente (Zamora), en 106.
cambio climático. Vivienda continúa con los trabajos de los ARRU, que están sujetos al paraguas del Plan Estatal 2018-2021, mientras los nuevos Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) se llevarán a cabo hasta 2026, en los próximos tres años. Con ello, la Junta busca contribuir a la lucha contra el cambio climático a través de la descarbonización del parque edificado; ayudar a la familias a reducir el gasto en energía; mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la financiación de actuaciones en accesibilidad, conservación, seguridad de utilización y la digitalización de los edificios; reactivar el sector de la construcción a través de la rehabilitación, así como generar empleo y actividad en el corto plazo.
Con ello, se busca adaptar el parque de edificios y viviendas en Castilla y León a los retos nacionales y europeos en materia de sostenibilidad, en entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta sus características y su gran de mejora, puesto que en España, cerca del 45 por ciento de los edificios es anterior a 1980, tratándose de un porcentaje que se eleva hasta el 50 por ciento en el caso de los edificios de uso residencial y una cifra de 9,7 millones de viviendas