La petición del fundador del ChatGPT, Sam Altman, al Congreso de Estados Unidos para que se regule de manera urgente el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial (IA) debería tomarse en cuenta como una señal de alerta suficiente para que todos los países del mundo activen herramientas con este propósito. Apostar por esta tecnología y favorecer su implantación es algo que no se cuestiona, pero su evolución se ha producido a una velocidad inusual y su uso descontrolado puede tener consecuencias muy negativas para la humanidad, dicho por el propio Altman. Una fotografía falsa de la tumultuosa detención de Donald Trump en Estados Unidos, una información publicada por un internauta chino de un accidente de tren con nueve muertos que nunca ocurrió, o incluso una imagen del Papa Francisco paseando por la calle con un plumas blanco a la que se otorgó en principio carácter veraz y después se convirtió en viral –con todo lo que ello supone de imposibilidad de frenar el bulo– son solo tres ejemplos de apariencia intrascendente, pero que dan idea de la magnitud del problema al que se enfrenta toda la sociedad, empezando por la seguridad global.

La necesidad de trabajar en una regulación legal es evidente, pero lo es aún más la urgencia, ya que su expansión se está produciendo a un ritmo vertiginoso y sin mecanismos que puedan evitar o reducir sus efectos nocivos. Hoy aún no es obligatorio que el creador de un contenido elaborado con inteligencia artificial advierta de esta circunstancia, un hecho que supone ya de entrada un riesgo elevadísimo de desinformación global, de confusión sobre lo real y ficticio y que añade máxima dificultad, por ejemplo, al desempeño periodístico riguroso, un pilar fundamental de las democracias y garante de la libertad. Solo en el mes de abril, el navegador NewsGuard, diseñado para controlar artículos y blogs con posibles noticias falsas, ha detectado medio centenar de sitios web con apariencia de páginas de noticias, en siete de los idiomas, cuyos contenidos son generados mayoritariamente por inteligencia artificial sin supervisión profesional.

Los beneficios de la AI son innegables también. Para todas las actividades rutinarias que se conocen podrían hallarse ventajas a partir de su uso, desde el campo médico al científico. De ahí que deba encauzarse el debate legal sobre la inteligencia artificial antes de que se instale en la sociedad una sensación de inseguridad que ya se percibe. Es habitual que los avances tecnológicos se produzcan más deprisa que la capacidad de los estados para legislar, pero en ese caso es necesario imprimir mayor velocidad. Europa está dando aún los primeros pasos, pero ha de ser más rápida y precisa. Y, además, compartiendo perspectivas con el resto de potencias del mundo que también deben legislar, ya que no se trata solo de un local, sino global.