Bajar impuestos. Desde que Alberto Núñez Feijóo asumió el liderazgo del PP reivindicó siempre la tijera como una necesidad urgente. Incluso, pese a sus reticencias iniciales, el Gobierno de Pedro Sánchez terminó asumiéndolo como lo evidenció su decisión de recortar al cero por ciento el IVA de los alimentos básicos en la cesta de la compra. Menos gravámenes a las familias fue también una de las claves de su programa electoral y un poderoso caballo de batalla en el afán de Génova de mostrar un modelo diferente al socialista.

Dispuesto a hacer bandera de una fiscalidad menos opresiva, el PP está convencido de que obras son amores y siguiendo esta máxima ha comenzado a bajar impuestos, e incluso suprimir tributos en las comunidades autónomas donde manda su mayoría azul. 

Mucho antes de cumplir los primeros 100 días de Gobierno tras las elecciones del 28 de marzo, los nuevos ejecutivos autonómicos del PP, en solitario o en coalición, han abierto la veda al tijeretazo fiscal e incluso la supresión de impuestos como los de sucesiones y donaciones y patrimonio.

En sus primeras semanas de mandato, Baleares, la Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja ya han dado luz verde a iniciativas en esta línea, que en ocasiones afectan también al tramo autonómico del IRPF o al impuesto de transmisiones patrimoniales, igual que en Aragón y Cantabria, donde los ejecutivos regionales ya han anunciado medidas en esta misma dirección.

 En concreto, el Govern balear de Marga Prohens ha suprimido el de sucesiones y donaciones de padres a hijos, abuelos a nietos y entre cónyuges, y ha reducido el de transmisiones patrimoniales en la compra de primeras viviendas para jóvenes y personas con discapacidad.

El Consell valenciano aprobó este mismo mes, entre otras reformas, una bonificación del 99 por ciento del gravamen de sucesiones y donaciones para padres, hijos y cónyuges y la Junta de Extremadura puso en marcha un primer paquete de medidas fiscales que incluye la bajada al ocho y 10 por ciento en los primeros tramos autonómicos del IRPF y la bonificación total del impuesto de patrimonio.

A su vez, el Ejecutivo riojano de Gonzalo Capellán ya sacó adelante el anteproyecto de Ley por el que se elimina el de sucesiones y donaciones entre padres e hijos y esposos, que ahorrará 8,3 millones de euros a los contribuyentes.

En Canarias, el Gobierno de coalición CC-PP-ASG de Fernando Clavijo también aprobó un decreto ley por el que bonifica el impuesto de sucesiones y donaciones por razón de parentesco, y no renuncia a la reducción «selectiva» del IGIC (equivalente al IVA en las islas) del vigente siete por ciento al cinco, comprometida en el pacto previo.

El de Aragón ya anunció que va a bajar el tramo autonómico del IRPF para las rentas medias y bajas y a eliminar «paulatinamente», a lo largo de la legislatura, el impuesto de sucesiones y donaciones hasta su mínimo lega. 

El de Cantabria tendrá listo a finales de este mes una reforma fiscal que, entre otras cosas, extenderá la bonificación del 100 por 100 de sucesiones a los hermanos, eliminará patrimonio y rebajará el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.

Madrid y Andalucía

Estas comunidades en las que gobernaba el PSOE -en Cantabria en una coalición presidida por el regionalista Miguel Ángel Revilla- se suman así a la carrera de rebajas fiscales que inició Madrid y que siguieron la Junta de Andalucía de Juanma Moreno y más tímidamente Galicia, Castilla y León y Murcia.

En esta última, el acuerdo del PP y Vox recoge ahora el compromiso de reducir el IRPF en los tramos de salarios medios y bajos o rebajar el tipo impositivo general del ITP, mientras que en Madrid el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que tramitará durante este mandato una nueva rebaja de medio punto en todos los tramos del IRPF.

Ayuso se ha mostrado especialmente beligerante en este capítulo. De hecho, días atrás anunció que ha presentado nuevas acciones judiciales contra el impuesto temporal a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno, en este caso, con un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, tras recurrirlo en marzo ante el Tribunal Constitucional por considerarlo un «atentado» contra su Comunidad.

A día de hoy, Madrid y Andalucía tienen una bonificación del cien por cien en el impuesto de patrimonio, por lo que ningún contribuyente lo paga, Galicia regula una bonificación del 50 por ciento y varias comunidades presentan incentivos fiscales para personas discapacitadas o para patrimonios especialmente protegidos, como recoge el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2023 del Consejo General de Economistas.

En sucesiones, los descendientes directos, incluidos los adoptados menores de 21 años, solo pagan importes simbólicos en Andalucía, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y los territorios forales, y las seis primeras también liberan prácticamente de tributación a otros familiares como el cónyuge, ascendientes y adoptados de 21 o más años.

Comunidades con Ejecutivos de izquierda mantenían hasta ahora límites por debajo de los cuales no se pagaba, como La Rioja, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

El análisis del Consejo General de Economistas recoge que en 2023 Andalucía introdujo la bonificación del cien por cien en Patrimonio, con efecto 2022, Galicia la aumentó hasta el 50 por ciento, y Murcia aprobó un mínimo de 3.700.000, mientras que Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana establecieron desde el año anterior un nuevo tramo con tipos más altos. En el IRPF, en general para 2022, se produjeron rebajas de las escalas autonómicas en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, la Comunitat Valenciana, y Navarra.

Las rebajas, ajustes y deducciones en el IRPF aprobadas hasta ahora por las distintas regiones han restado 1.677 millones de euros de recaudación en los siete primeros meses del año, según el último informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria. 

Dinero a los bolsillos

Estas medidas fiscales son defendidas casi siempre con razones similares. Cuando anunció las reformas que iba a aprobar al llegar al gobierno, el presidente aragonés, Jorge Azcón, argumentó por ejemplo que el impuesto de sucesiones «es un castigo al esfuerzo de toda una vida».

«Es urgente bajar impuestos a las familias», dijo la jefa del ejecutivo y líder del PP de las islas, Marga Prohens, que negó, como otros de sus compañeros de partido, que su reforma fiscal favorezca solo a quienes tienen más dinero y patrimonio sino que «los beneficiarios son todos los ciudadanos».

Para la presidenta extremeña, María Guardiola, lo urgente era «devolver el dinero al bolsillo de los contribuyentes», mientras que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, defendió que con la supresión de sucesiones y donaciones «se evitan injusticias, dobles imposiciones y se adquiere un compromiso fiscal, histórico y, sobre todo, moral».