El presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución en su toma de posesión, con lo que da comienzo de forma efectiva una legislatura que no será ni fácil, ni apacible, y quién sabe cuál será su duración dadas las amenazas que se ciernen sobre ella desde todos los frentes, desde el enconamiento lógico de una oposición frustrada porque tocó con los dedos el poder y tendrá que jugar a la contra con todos sus resortes, y porque todos y cada uno de los socios parlamentarios del Gobierno se encuentran inmersos en una serie de batallas internas que les va a obligar a vigilar con un ojo al Ejecutivo, para que cumpla los compromisos adquiridos, y con otro a aquellos que estando en el mismo barco porque son miembros de Frankenstein, se disputan el mismo electorado en sus territorios.
Aunque la coda va al final de los escritos no se puede dejar pasar la obligación de señalar la responsabilidad que tiene el Partido Popular para condenar y denigrar determinadas acciones políticas, que sobrepasan el respeto constitucional que consideran atacado por la ley de amnistía. Es urgente que el PP condene sin excusas los ataques a las sedes del PSOE, que deje de mover las redes sociales para señalar a los diputados socialistas que en conciencia, o por interés personal, -como todos los que se sientan en el Congreso y votan como un solo hombre lo que decide su partido- han apoyado la investidura de Sánchez sin dar el "Tamayazo" al que fueron invitados. Y desde luego deben ponerse del lado de la legalidad constitucional frente a pronunciamientos más o menos evidentes que animan a un golpe militar que también se los llevaría a ellos por delante. Porque una cosa es acusar a Sánchez de dictador y otra asistir a una asonada decimonónica.
De vuelta al comienzo, el PP se encuentra en una doble fase, la de ahormar una estructura que le permita realizar la travesía del desierto de la oposición sin tensiones internas y con la consolidación del liderazgo de Feijóo, y la definición de las relaciones con Vox, que le son tan tóxicas como necesarias, para que no se produzcan quiebras en su poder territorial, base de su oposición a Sánchez.
Dentro del bloque de la investidura, Sumar tendrá que establecer unas relaciones fiables con Podemos, pero las primeras chispas pueden saltar en la configuración del próximo gobierno de Sánchez si los morados quedan fuera del Consejo de Ministros. Aunque sus críticas no supondrían un desgaste para el Ejecutivo como en la anterior legislatura, lograr sus cinco votos será un quebradero de cabeza para el encargado de Relaciones con las Cortes-
Más enjundia tendrá el apoyo de los socios-competidores de procedencia nacionalista, que al tiempo que apoyan a Sánchez preparan la contienda electoral en sus territorios, como ocurre en el caso del PNV y EH Bildu, aunque por ahora no parece que vayan a hacer del Congreso su terreno de juego.
Algo que no se puede predicar en el caso catalán, porque entre ERC y Junts la guerra es sin cuartel. El CIS catalán, el CEO, vuelve a dar al PSC ganador en unas elecciones en la que los independentistas pierden la mayoría parlamentaria por su compromiso negociador con el Gobierno, lo que abre la posibilidad a que le dejen caer en cualquier momento si les va mal en Cataluña. Sobre todo. Junts, el peor parado en la comparación.