Las 25.000 solicitudes para ayudas al alquiler de Castilla y León correspondientes al 2022 se pagarán, pero siguen sin tener una fecha concreta para su abono. Un año después de que la Consejería de Vivienda convocará el programa, esta línea no está resulta y la presión de sindicatos y oposición crece sobre el departamento que comanda Juan Carlos Suárez-Quiñones. Situación que llegó incluso al pleno de las Cortes celebrado ayer, donde PP y Vox impidieron que saliera adelante una PNL del PSOE que instaba a la Junta a pagar antes del 31 de octubre las ayudas al alquiler del año 2022. «No está escrito cuándo hay que resolver las ayudas para el alquiler», señaló ayer el consejero durante un acto previo a la sesión plenaria, donde dejó claro el compromiso de la Junta con este tipo de línea anual, y puso en valor que Castilla y León es la «única comunidad autónoma no foral» que llega a todos los solicitantes que cumplen los requisitos.
Suárez-Quiñones explicó que estas ayudas al alquiler se establecen como la primera del nuevo plan estatal de vivienda 2022-2025, que es un plan que se basa en un real decreto a través de un convenio firmado entre la Junta y el Gobierno de España y que fue «más tardío que los anteriores». Recordó igualmente que este año se han recibido un total de 25.000 solicitudes, lo que supone 5.000 más que la convocatoria anterior. El último paso conocido de la situación de estas ayudas fue que la Consejería había requerido la subsanación de errores a 1.300 solicitantes.
El consejero recibió ayer la ayuda de su grupo parlamentario y de sus socios en el Gobierno regional durante el Pleno de las Cortes, donde PP y Vox rechazaron la iniciativa socialista, apoyada por toda la oposición, para que la Junta abone antes del 31 de octubre las ayudas al alquiler. Retraso que el popular Alberto Castro achacó a «la complejidad administrativa» de la tramitación, y manifestó que «las pírricas ayudas» para la oposición suponen la financiación del 75% a los jóvenes por parte de la Junta. «Todos los que cumplan los requisitos las van a recibir. Todos», expresó Castro en referencia a las del Gobierno, que tenían límite de fondos.
Castro recordó que desde el año 2015 se han pagado las ayudas a todos los que cumplan los requisitos, afirmó que habrá 45 millones en la legislatura y argumentó que siempre la tramitación administrativa ha llevado once meses, mientras que criticó que en las ayudas del Gobierno «se haya dejado tiradas» a 12.000 personas de 16.000 solicitudes, informa Ical.
«Piden algo que sus propios jefes ni pueden hacer desde el Ministerio de Vivienda o no realizan o, para ser más exactos, lo realizan tarde y mal, como siempre», verbalizó Ana Rosa Hernando (Vox), que criticó también la «complejidad» para solicitar las ayudas que en las anteriores convocatorias «fue un auténtico desastre».
Incompetentes
«Hay unas 25.000 familias en Castilla y León que lo están pasando mal, que han visto truncadas sus expectativas y que exigen con humildad que se les abonen de manera inmediata unas ayudas que necesitan». El socialista José LuisVázquez, ponente de la PNL, recordó que el plan estatal «nutre» el 80% de las políticas de vivienda de la Comunidad, y criticó «la incapacidad» de la Junta. El objetivo de la PNL, dijo, es que «reflexionen» para que estas ayudas sean eficaces en «la justicia social» y haya «sensibilidad» con quienes las necesitan. «Además de incompetentes, son opacos y poco transparentes», lamentó Vázquez, que advirtió del «gravísimo daño a las familias» que supone el impago de estas ayudas, al tiempo que ironizó sobre la «gran disculpa» de la Junta por la convocatoria del 'bono de alquiler joven' que impulsó el Gobierno de España «en un afán colaborativo». El socialista reseñó la importancia de la vivienda para «la repoblación» de la Comunidad y planteó «una dura critica» a la Junta por la ausencia de resolución en las ayudas al alquiler después de un año de su convocatoria.
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, Francisco Igea, votó a favor de una PNL «sorprendentemente tímida» ya que, según recordó, España está a la cola de Europa en lo que es un problema nacional «de primer orden». Finalmente, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, consideró «absolutamente lamentable y del todo penoso» que la Junta no haya resuelto ni ingresado ya unas subvenciones que, además, son «pírricas, misérrimas y exiguas».