Tres días después del atentado de Christchurch, que causó 50 muertos y 50 heridos, y que, según la Policía, fue cometido por un único asaltante, el australiano Brenton Tarrant, el Gobierno de Nueva Zelanda anunció hoy cambios en la ley de armas.

La reforma legal fue acordada "en principio" por el Ejecutivo, que se reunió en Wellington por primera vez desde la masacre, y sus detalles se darán a conocer en un plazo de diez 10 desde los ataques, según detalló la primer ministra, Jacinda Ardern.

La mandataria evitó precisar, tal como se esperaba, si la reforma incluirá la prohibición de la venta de armas semiautomáticas como las utilizadas en el asalto a las dos mezquitas, al asegurar que hay varias cuestiones que hay que abordar antes.

En los días previos, Ardern había anunciado una "respuesta rápida" tras conocerse que Tarrant compró las cinco armas que utilizó, incluidas dos semiautomáticas, tras obtener el permiso de armas en noviembre de 2017, poco después de establecerse en el país.

"Hay muchos neozelandeses que cuestionan que haya armas semiautomáticas disponibles", aseguró Ardern, que quiso dejar clara la "completa unidad" del Gobierno de coalición a la hora de modificar la ley.

"Estamos absolutamente unidos y tenemos muy claro que el ataque del viernes en Christchurch fue nuestro peor ataque terrorista y que este puso en evidencia una serie de debilidades en la ley de armas de Nueva Zelanda", añadió la mandataria.

El consenso en el seno del gabinete fue confirmado en la misma comparecencia por el viceprimer ministro, Winston Peters, líder del partido nacionalista NZ First que con anterioridad se había opuesto a reformar esta ley.

"Tras los hechos del viernes nuestro mundo cambió para siempre y también lo harán nuestras leyes", zanjó Peters tras la reunión del Ejecutivo, que también anunció una comisión para investigar la actuación de las agencias estatales de seguridad e inteligencia antes del atentado.

La armería Gun City, que vendió a través de internet cuatro de las armas que utilizó Tarrant, dio su "pleno apoyo" a la reforma de la ley, que Nueva Zelanda ha abordado sin éxito varias veces en el pasado, en una declaración de su propietario, David Tipple.

Tipple se ofreció a colaborar para "garantizar que cualquier revisión y cambio de legislación evitará otro incidente" tras reconocer que "no detectamos nada extraordinario sobre el titular de esa licencia de armas".

El propietario de la armería también dijo que ninguna de sus tiendas vendió la semiautomática que aparece en el vídeo del asalto a la primera mezquita retransmitido a través de Facebook por Tarrant.

"Quiero dejar claro que creemos que hubo un único atacante responsable de ese horrible incidente", declaró a la prensa el comisionado de la Policía, Mike Bush, quien hasta hoy había evitado confirmar este extremo pero que aclaró que la investigación no descarta que el asaltante contara con ayuda.

Bush declaró que en esta investigación participan unos 250 expertos, apoyados por el FBI y la policía australiana, que por la mañana registró dos viviendas en la costa este de Australia que pertenecen a la hermana de Tarrant y al compañero sentimental de su madre.

El autor de los hechos, que permanecerá en prisión provisional hasta que comparezca ante el Tribunal Superior el 5 de abril, renunció a su abogado de oficio tras ser imputado el sábado con un cargo de asesinato, según indicó el letrado, Richard Peters, al diario New Zealand Herald.

Peters describió al acusado como lúcido, sin muestras de arrepentimiento ni de ser mentalmente inestable, y señaló que sospecha que éste planea utilizar el juicio para hacer publicidad de su ideología extremista. El acusado también mandó un manifiesto al Gobierno minutos antes de la masacre.

Implicados. Además de él, otras dos personas permanecen bajo custodia si bien la Policía considera que ninguna de ellas estuvo implicada en la masacre.

Uno de ellos, un adolescente de 18 años, fue imputado hoy por un juez de Christchurch con dos cargos, uno por difundir el vídeo del asalto y otro por publicar durante la semana previa material que alentaba a la violencia, incluidas imágenes de la mezquita con las palabras "objetivo identificado".

La implicación de las redes sociales en los ataques llevó a la primera ministra a reiterar su demanda a estas plataformas para que tomen medidas para prevenir la incitación al odio.

Ardern aseguró que Facebook e Instagram siguen retirando imágenes del atentado -después de que en las 24 horas posteriores al ataque retirara 1,5 millones de vídeos de la red- pero opinó que estas plataformas pueden hacer más.

La primera ministra anunció que el gobierno acordó celebrar un acto a nivel nacional en memoria de las víctimas cuya fecha se anunciará más adelante para permitir que esta semana sean las familias las que hagan el luto.

Tres días después del atentado, 33 personas siguen ingresadas en el hospital, diez de ellas en estado crítico, casi todas ellas en el hospital de Christchurch, excepto una niña de 4 años y su padre que fueron evacuados a un centro de Auckland.