Puente minimiza la cantidad a devolver de las sanciones

D. V.
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El alcalde asegura que realizará un análisis de la sentencia del TSJ en un caso que calificó de "complejo" para determinar qué pasos tomar ahora

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en el atril durnate la presentación de la nueva marca de Auvasa. - Foto: Europa Press.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, estimó que las devoluciones de las sanciones impuestas por la nueva regulación del tráfico que deberá reintegrar a los afectados "no será gran cantidad económica" porque las medidas adoptadas "o habían tenido una incidencia grave", ya que recordó que solo se multaba a quienes sobrepasaban la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora e invadían el carril bici y el de bus, además de la dirección prohibida en la calle Cánovas del Castillo.

En todo caso prefirió ser prudente para hacer una primera valoración porque la sentencia llegó "minutos antes" de su comparecencia ante los medios de comunicación para analizar la concesión de fondos europeos del Plan de Transformación a la ciudad. "Necesito hablar con Asesoría Jurídica y ver qué pasos tomamos. Es un caso de complejidad", sostuvo el regidor, quien confirmó que se trata de la ratificación de la sentencia del juzgado de primera instancia. En la primera resolución no se ha citaba la anulación y devolución de sanciones. "Honestamente, no creo que sea mucho", reiteró.

Puente se refería así a la notificación esta mañana por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), que declaró nulo el decreto del Ayuntamiento que estableció una nueva regulación del tráfico con la peatonalización de varias calles del centro y la habilitación de carriles bici y carriles bus-taxi.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, con sede en Valladolid, desestimó así el recurso del Consistorio contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la capital y confirmó dicha resolución por entender que la intervención en el tráfico en esos puntos neurálgicos, en los que se ha provocado un "caos circulatorio", fue de tal calado que debió hacerse mediante una ordenanza y no por decreto.

La anulación del decreto supone que la totalidad de las sanciones impuestas y recaudadas por el ayuntamiento con ocasión de la implantación de esta regulación, ya declarada radicalmente nula, "han de ser reintegradas a sus interesados, sin excusa ni dilación alguna".