Vivienda de una habitación, 54 metros cuadrados, bien comunicada, a diez minutos de la estación del tren, con paradas de autobús cercanas, en una zona con equipamiento variado, centro de salud, colegios, escuela oficial de idiomas, supermercado, instituto y restaurantes. Y solo por 23.000 euros. El anuncio es llamativo y, hasta ahí, podría resultar interesante para inquilinos o inversores. Pero lo cierto es que ese precio tiene una explicación. La vivienda, ubicada en el polígono de Las Viudas, una de las zonas más conflictivas de la ciudad, incluye okupas en su interior. Y, en el caso de comprarla, el nuevo propietario asume todos los trámites que sean necesarios para solucionar esa situación. Unas condiciones que se dejan entrever si uno sigue leyendo el anuncio, aunque no se haga referencia de forma explícita al término okupa: «el inmueble ha sido adquirido a través de un procedimiento judicial (concursal o hipotecario) por el vendedor, el cual no ha tomado todavía posesión del mismo. Será de cuenta del comprador los trámites que conlleve la obtención de la posesión del inmueble». Además, en otro párrafo se recomienda a los interesados que obtengan «asesoramiento profesional antes de adoptar la decisión de compra».

Una llamada al comercial que se encarga de la venta deja todo mucho más claro: «Tiene okupas, se vende con ellos dentro y, si lo compra, usted se tiene que hacer cargo de echarlos», explica este profesional, quien añade que, dadas las circunstancias, el piso no se puede visitar. Hay que comprar a ciegas. Además, el comercial añade que es relativamente habitual recurrir a esta opción cuando un particular o banco intenta echar a los okupas y no lo consigue.

Esta vivienda está ubicada en la avenida de Segovia, pero el texto de su anuncio se repite sin cambiar una coma en otra vivienda en venta en la plaza de Las Nieves, en Barrio Belén, esta vez por 50.500 euros. La inmobiliaria Solvia añade dos advertencias: 'En situación especial' e 'información importante'. Lo mismo sucede en la página web con un chalé en Tudela por 123.200 euros y un piso en el mismo municipio por 68.000.

La situación se repite en este edificio de la plaza de Las Nieves. - Foto: J. TajesPor muy extrañas que puedan parecer, estas operaciones son completamente legales. Así lo confirma el delegado en Castilla y León de la Asociación de Expertos Inmobiliarios y gerente de la inmobiliaria Don Sancho, Arturo Villada: «Lo único que hace falta es notificarlo fehacientemente al comprador», señala. Y eso se puede hacer así aunque no tenga posibilidad de ver cómo está la vivienda ni las posibles reformas que va a tener que afrontar. «Aunque eso supone un descuento en el precio», añade Villada, que reconoce que estas operaciones son mucho más frecuentes en las grandes ciudades que en las de tamaño medio, como Valladolid. «No hay mercado, porque el comprador se tiene que enfrentar a los okupas, y, tal y como están los juzgados, no sabes el tiempo que puedes tardar en echarlos ni lo que te puede costar», asegura. Este proceso puede ser farragoso para un particular, pero hay empresas especializadas en afrontarlo y que se ofrecen a comprar pisos okupados en 48 horas.

El propio Villada tuvo que enfrentarse una vez a una okupa. «Fui como si fuera yo el comprador de la vivienda y me dijo que de allí solo la sacaba un juez», recuerda. Y así fue, aunque la orden tardó en llegar un año. «Dejó el piso destrozado», se lamenta.

El debate de la okupación se ha colado en la precampaña electoral esta semana. El candidato  del PP a la Alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, prometió una oficina de apoyo y asesoramiento a las personas que sufren okupaciones, «contando con la Policía Municipal para realizar una labor preventiva». Una propuesta que respondió inmediatamente la candidata de Valladolid Toma la Palabra, María Sánchez, para recordar que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) presta asesoramiento a personas físicas que sean víctimas de una okupación ilegal o a comunidades de propietarios que detecten en sus bloques alguna de esas actividades irregulares, gracias a un acuerdo del pleno en enero de 2021. Además, Sánchez incidió en que en esos más de dos años solo una persona ha pedido asesoramiento. En el ámbito nacional, la oposición ha cargado esta semana contra un aspecto de la nueva Ley de Vivienda que obliga a los propietarios con inquilinos que no paguen sus cuotas a acreditar si los morosos utilizan ese inmueble como vivienda habitual. Y en el caso de que el propietario sea un gran tenedor, también deben acreditar si esas personas están en situación de vulnerabilidad.