La vendimia se ralentiza en algunas zonas de la provincia ante la falta de cuadrillas por las complicaciones surgidas para la contratación de temporeros que quieran trabajar en estas labores, no sólo en el campo sino también en las propias bodegas. A pesar de una subida generalizada de salarios respecto a los años anteriores, cada vez resulta más difícil cubrir las contrataciones ofrecidas por los empresarios para una campaña que, en muchos casos, se superpone temporalmente con la de otros lugares vitivinícolas del país. Esta es la situación que plantean los propios bodegueros y responsables de recursos humanos, algo que también se produce en otros sectores económicos como la hostelería, la construcción o el tecnológico, y que convendría analizar en profundidad para comenzar a buscar soluciones, nada fáciles pero necesarias para dinamizar un mercado laboral con desajustes poco comprensibles cuando existen 2,7 millones de personas desempleadas.
Evidentemente, esta compleja situación no está causada únicamente por una razón, sino que son múltiples los factores que provocan esta debilidad que podría convertir a nuestra economía en un gigante con pies de barro. En el caso de la vendimia, que es el más cercano en estos momentos, habría que preguntarse por qué se completa sin problemas el cupo de temporeros para desplazarse a Francia a realizar estas mismas labores, y sin embargo en España cuesta tanto encontrar trabajadores. A buen seguro que las condiciones y los salarios tienen mucho que ver en ello, algo que también sucede en la hostelería, por lo que los empresarios y la patronal tendrán que tomar nota y mejorar las ofertas, no solo económicas, sino también de descansos, horarios y otros factores que cada vez tiene más en cuenta el trabajador.
Esto no supone que la única responsabilidad es de quien contrata y paga, que en muchos casos son intermediarios que también se quedan con su parte, porque también hay que preguntarse cómo es posible que no se cubran las ofertas de trabajo cuando 2,7 millones de personas se encuentran sin empleo queriendo hacerlo. O quizás es que no quieren cambiar su situación, ya que en muchos casos tienen cubiertas sus necesidades a través de las prestaciones existentes desde el Estado, las comunidades autónomas e incluso de las ayudas sociales de los ayuntamientos u otras instituciones.
Todo este conglomerado de circunstancias, factores o como queramos llamarlo provoca una contradicción en nuestro mercado laboral que a medio o largo plazo puede perjudicar seriamente a la economía provincial, autonómica y nacional, que al fin y al cabo todo está relacionado. Por ello, quizás convendría iniciar una reflexión o un debate serio -aunque según está el patio político parece una misión imposible- sobre el sistema de prestaciones y los sistemas públicos de empleo, tanto el estatal como el autonómico. No puede ser que de manera generalizada los parados no cubran las ofertas de trabajo y, si no existe una razón justificada, deberían ser apartados de recibir cualquier tipo de prestación. Dicho así puede parecer radical, pero creo que es necesaria una reforma muy profunda que priorice la búsqueda de un empleo a la recepción de distintas prestaciones y ayudas, lo que en algunos casos desincentiva la vuelta al mercado laboral.
Y esta reflexión no pretende esconder que también los empresarios deben acometer cambios en sus formas de contratación y respeto a la legalidad. En muchas ocasiones, la mejora de los salarios por encima de los convenios nacionales o sectoriales y la introducción de otras condiciones ligadas a la estabilidad, el descanso y la conciliación de la vida familiar y laboral hace que se multipliquen los interesados en un puesto.
Lo que está claro es que unos y otros, patronal y sindicatos, con la imprescindible colaboración de los dirigentes políticos deben acometer seriamente reformas para cubrir estas deficiencias que cada vez se hacen más profundas y que ya ni siquiera los inmigrantes son capaces de evitar. Esta sería una buena materia para el diálogo social.