Las víctimas de violencia de género se incrementaron el pasado año en Castilla y León un 12,6 por ciento, hasta las 6.353, incremento superior al 9,4 por ciento alcanzado en el conjunto de España, donde se contabilizaron 199.282. No obstante, la Comunidad continúa manteniendo la tasa más baja de España con 52,5 casos por cada 10.000 mujeres, frente a la media del conjunto de España, que fue de 79,4.
Según los datos anuales correspondientes a 2023, que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho públicos hoy, los órganos judiciales de Castilla y León recibieron 6.353 denuncias por violencia de género, un 12,4 por ciento más que en 2022, año en el que se registraron 5.665.
Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 124,8 casos; Murcia, con 114,5; Comunidad Valenciana, con 106,5; Canarias, con 102,1; Andalucía y Navarra, con 88,8; y Madrid, con 80,9. Las tasas más bajas, además de n Castilla y León, se contabilizaron en Galicia, con 53,1; País Vasco, con 56,8; La Rioja, con 58,9; Cataluña, con 61,5; Castilla-La Mancha, con 62; Asturias, con 65,3; Aragón, con 72,8; Cantabria, con 76,7, y Extremadura, con 77. En el conjunto, dos de cada tres mujeres víctimas (65,2 por ciento) eran españolas.
Por otra parte, en el informe del CGPJ recogido Ical, también se destaca que el pasado año, el porcentaje de sentencias condenatorias dictadas por los órganos judiciales (juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales) de la Comunidad en procesos relativos a violencia de género aumentó más de tres puntos respecto a 2022 y se situó en el 88,5 % del total, porcentaje que a nivel nacional fue del 80,6 por ciento.
El pasado año se solicitaron en los órganos judiciales de Castilla y León un total de 1.858 órdenes
de protección. De ellas, fueron aprobadas 1.410, un 13,3 por ciento más que en 2022 y se denegaron 445, un 5,6 por ciento más que en el año anterior.
A nivel nacional, un año más, siete de cada diez denuncias (70,9 por ciento) fueron presentadas por
las propias víctimas, bien en el juzgado o en comisaría, cifra que sigue siendo muy superior a la de las denuncias presentadas por el entorno de la víctima, apenas un 1,8 por ciento del total. Las denuncias derivadas directamente de atestados policiales representaron el 15,8 por ciento; las originadas por partes de lesiones, el 7,9 por ciento y las presentadas por terceras personas, el 3,4 por
ciento.
Ángeles Carmona
Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, puso en valor la importancia del elevado porcentaje de condenas de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, que alcanzó un nuevo máximo histórico anual al situarse en el 80,64 por ciento.
Carmona explicó que el hecho de que casi nueve de cada diez sentencias dictadas contengan un fallo condenatorio es un claro síntoma de que el funcionamiento de la justicia y de todos los operadores que colaboran con jueces y juezas va mejorando cada día. Es decir, la maquinaria que se pone en marcha cuando llega una denuncia por delitos relacionados con la violencia de género ha alcanzado un elevadísimo nivel de eficacia.
La presidenta del Observatorio recalcó que la capacidad de reunir el material probatorio necesario para alcanzar un fallo condenatorio se hace siempre, y en cualquier caso, con el máximo rigor en la protección de todos los derechos que asisten al investigado. "Que haya un mayor porcentaje de fallos condenatorios implica que no hay impunidad en estos delitos y que la credibilidad de la víctima en su declaración se valora siguiendo el criterio establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo", añadió.
Carmona insistió en la necesidad de mantener los altos niveles de formación y profesionalidad de quienes hacen posible que la Justicia funcione dando una respuesta a la víctima. "El Estado debe seguir apostando por la lucha contra la violencia de género y debe seguir aportando los medios necesarios, por lo que hoy más que nunca es imprescindible que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias con el fin de reeditar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado un pacto de Estado que, como el de 2017, nos permita seguir siendo puntas de lanza a nivel internacional en esta materia", destacó.
Por último, argumenta que el incremento de las denuncias y del número de víctimas tiene una lectura positiva, en la medida en que muestran que las mujeres confían en la justicia y dan el duro paso de denunciar a su agresor, pero también demuestran, "con toda la frialdad que permiten los números", que la violencia contra las mujeres sigue muy presente en la sociedad.