El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha acordado suspender el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio sanitario terrestre en la Comunidad, y asume la cautelar que reclamó CGT hasta la resolución de su recurso frente a los pliegos de contratación, por su información «irreal», con servicios que requerirían elevar «un tercio» las plantillas actuales.

Tras conocer la decisión, la Consejería de Sanidad de la Junta destacó que la resolución del Tarcyl «no afecta para nada a la prestación de este servicio sanitario, que seguirá plenamente operativo en las mismas condiciones a tal y como se viene prestando actualmente». Fuentes del departamento que dirige Alejandro Vázquez, consultadas por Ical, indicaron que Tarcyl concede la medida solicitada por CGT, referido a la suspensión cautelar del procedimiento, «sin entrar a valorar el fondo, a la espera de una decisión futura sobre el asunto». En todo caso, al tratarse de un procedimiento administrativo de adjudicación en fase de tramitación, la Gerencia Regional de Salud insiste en que no afecta al servicio.

Tarcyl asegura en su resolución que «una regla de prudencia aconseja pronunciarse a favor de la suspensión del procedimiento», ya que su continuación «produciría, de estimarse el recurso, un perjuicio no sólo a las empresas recurrentes, sino también a los licitadores que hayan podido concurrir, así como al interés público, ya que la estimación conllevaría la retroacción del procedimiento con la consiguiente dilación en la contratación», indica el texto recogido por Ical.

En el recurso especial presentado el 21 de julio por la Confederación General del Trabajo- Federación Local de Sindicatos de Valladolid, se solicita que se suspenda el procedimiento de adjudicación hasta la resolución del recurso contra los pliegos que han de regir la contratación del servicio sanitario terrestre en la Comunidad.

Tarcyl recuerda que la finalidad de la suspensión sería «garantizar la efectividad de una resolución de carácter estimatorio y, en todo caso, que el fundamento de las medidas cautelares descansa en que exista una situación tutelable, así como apariencia de fumus boni iuris (apariencia de buen derecho)».

Contra este acuerdo no cabe recurso alguno, sin perjuicio de los que procedan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

El recurso.

CGT informó de que el recurso y las medidas cautelares están relacionadas así con las «irregularidades» que afectan a los trabajadores, en «aras de proteger los intereses públicos y privados» comprometidos en la convocatoria.

El sindicato denunció que la previsión de dotación de personal del pliego «no es ajustada a la necesidad real del servicio» cuando «se ha constatado que un importante volumen de la plantilla realiza un importante de exceso de jornada de forma estructural y que ha devenido en ilegal». Al respecto, CGT insiste en que los pliegos deberían exigir el personal necesario que se ajuste a las horas contratadas conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no a una práctica de «exceso de jornada legal».

CGT también planteó la existencia de un número importante de pleitos pendientes sobre reclamaciones económicas de la plantilla, que «incide de forma directa en la subrogación del personal y la eventual responsabilidad económica de la adjudicataria entrante».

El sindicato explica en su demanda que desde el órgano de contratación se facilita «una información que no corresponde con la realidad social, generando indefensión a las posibles empresas licitadoras así como a la plantilla actual».

CGT entiende que para el cumplimiento de los servicios debería aumentar al menos en un tercio la plantilla actual en la Comunidad.