El ruido de togas persiste en el mundo judicial y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, se le abre un nuevo frente que, como el anterior, le deparará días de tensión. Tras más de dos meses de huelga indefinida, el pasado 28 de marzo los letrados de la administración de Justicia llegaron a un acuerdo con el departamento que dirige Llop y desconvocaron el paro. Pero este final de un conflicto desencadenó el comienzo de otros que amenazan con seguir paralizando la Justicia. Desde hoy, 45.000 funcionarios de los juzgados están llamados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG a una huelga que promete ser «un éxito» para revindicar una subida salarial en línea con la pactada con los letrados, que percibirán mensualmente entre 430 y 450 euros brutos más.

Quiénes son 

Se trata del 93 por ciento del personal de la administración de Justicia. 45.000 empleados, en su mayoría de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, pero también médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, detalla el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Luis Calero. Pertenecen a los subgrupos A1 (médicos forenses y facultativos), A2 (Gestión Procesal y Administrativa, y técnicos especialistas de laboratorio), C1 (Tramitación Procesal y Administrativa, y ayudantes de laboratorio) y C2 (Auxilio Judicial), y sus titulaciones van desde el grado en Medicina y otros títulos universitarios hasta el graduado escolar.

Y trabajan en todo el territorio nacional, ya sea en las comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas o en las que aún dependen del Ministerio.

Qué reclaman

Con este paro indefinido, los sindicatos exigen que se les incremente en su nómina el complemento general del puesto, «el único concepto retributivo de aplicación para todos los cuerpos generales y especiales y para todos los ámbitos territoriales», estén las competencias de Justicia transferidas o no.

En concreto, y en la línea del acuerdo alcanzado con los letrados, piden que estas subidas sean de 430 euros brutos mensuales para los profesionales de la categoría A1, 400 para el subgrupo A2, 375 para el C1 y 350 para el C2.

«Hacen falta más medios y un salario justo que reconozca a todos los funcionarios el trabajo que realmente se hace a diario para sacar adelante los juzgados», alega Manuel Moreno, portavoz de CSIF, el sindicato mayoritario en el sector.

Pero sus reivindicaciones no se quedan ahí. Por otro lado, también reclaman la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, que cambiará cuestiones orgánicas de los servicios judiciales.

Cómo es su huelga  

Después de dos reuniones en las que Justicia no ha hecho «ninguna propuesta» a los sindicatos, según Calero, a partir de este lunes, y de forma indefinida, realizarán paros parciales entre las diez de la mañana y la una de la tarde.

«Las asambleas de trabajadores están respondiendo bien», argumentan fuentes del sindicato CSIF, que aseguran que la huelga va a ser «un completo éxito».

Estos trabajadores «están dolidos y se sienten ninguneados porque el Gobierno solo ha tenido en cuenta a los letrados», añade, por su parte, Moreno.

Además, el miércoles hay convocado un paro general durante toda la jornada y una «gran manifestación» en Madrid, que partirá desde el Ministerio de Justicia y a la que se espera que acudan trabajadores de toda España.

Según un documento del Ministerio sobre servicios mínimos, los juzgados y fiscalías de guardia contarán con todo su personal.

Se garantizarán, por su consideración de servicios esenciales, los actos necesarios del Registro Civil, las causas con preso y las medidas cautelares. También las actuaciones en las que venza un plazo y aquellas ya señaladas en las que intervenga una persona menor, con discapacidad o especialmente vulnerable, entre otras.

Ministerio de Justicia 

La ministra Pilar Llop, que se ha comprometido a dialogar sobre las reivindicaciones sindicales, pidió este jueves a los trabajadores que «miren por los ciudadanos» y «no causen un perjuicio» en el servicio público. Y explicó que los funcionarios de las comunidades autónomas que no tienen cedidas las competencias de Justicia «ya tuvieron una subida salarial» que supuso un paquete presupuestario de «aproximadamente cuarenta millones de euros que se han consolidado en los presupuestos de los años siguientes».

Otros frentes abiertos 

Jueces y fiscales se han expresado en la misma línea que estos funcionarios, aunque todavía sin un calendario claro ni con «medidas de presión establecidas», tras sendas reuniones con Justicia que han calificado de «decepcionante» y «desalentadora», respectivamente.

Aunque el Ministerio de Justicia ha movido ficha y ya ha convocado para el próximo 3 de mayo la mesa de retribuciones en la que tiene que negociarse su subida salarial, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, afirma que esto «no garantiza nada» y que deben seguir planificando dichas acciones, sin descartar la huelga.

También los abogados del turno de oficio han anunciado el inicio de movilizaciones para defender sus derechos de mejoras profesionales y retributivas, y han extendido este llamamiento a toda la abogacía. El próximo 27 de abril se concentrarán ante el Congreso de los Diputados.