Más bajas, pero más cortas. Así se podría resumir la evolución de los últimos años de los datos de incapacidades temporales en el trabajo en la provincia. Con una particularidad, el incremento del último lustro ha sido especialmente pronunciado, hasta el punto de pasar de los 47.028 procesos iniciados en 2017 a los 103.468 del año pasado, según los datos de la Consejería de Sanidad. Es decir, en solo cinco años se han duplicado para superar por primera vez las cien mil bajas. Y, además, lo han hecho de una forma ininterrumpida año tras año. Bien es cierto que, desde 2020, se trata de un periodo marcado por la pandemia, y eso se reflejó en los datos. En 2019, último año completo antes de la pandemia, se firmaron 59.727 bajas, y en 2020, el primero de esta crisis, se dispararon hasta las 77.302. Pero es que esta subida no ha cesado en los dos siguiente ejercicios. Ni siquiera el año pasado, cuando los efectos de la pandemia empezaron a remitir. De hecho, en 2022 se tramitaron un 15,8% más que en 2021.
Es una tendencia que se ha repetido en el resto de la Comunidad y el país, hasta el punto de ser uno de los temas que se puso encima de la mesa en la última negociación entre sindicatos y patronal antes de llegar al V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). En el texto firmado, ambas partes reconocen su «preocupación» por este incremento e instan a los participantes de las negociaciones colectivas en las diferentes empresas o sectores a «establecer procedimientos y ámbitos paritarios de análisis de la incapacidad temporal por contingencias comunes, que incluya el estudio de las causas, la incidencia y duración de los procesos», así como definir líneas de actuación para reducirlas.
Se podría pensar que este incremento está motivado, en parte, por un aumento de los trabajadores en activo, pero lo cierto es que las subidas de los dos indicadores no están equilibradas. El año 2017 se cerró con una media de 207.789 afiliados activos en Valladolid, frente a los 220.468 del año pasado. Es decir, un 6,1% más, que nada tiene que ver con el repunte del 120% de las incapacidades temporales en ese periodo.
Bien es cierto que, al mismo tiempo que se disparan las bajas, su duración media decrece. Entre el año 2012 y el 2020 se mantuvo entre los 39 y 41 días de media, pero en 2021 cayó a 35 días y el año pasado volvió a hacerlo hasta los 29 días, según los datos de la Consejería de Sanidad.
En lo que no hay excesivos cambios es en el principal motivos de las bajas: los dolores de espalda. Era así hace cinco años y sigue siendo así ahora. En toda la Comunidad se iniciaron el año pasado 27.694 procesos por dorsopatías, casi el doble que hace cinco años. La segunda causa más habitual son las gastroenteritis y colitis no infecciosas, con 20.840 procesos, también casi el doble que hace un lustro. La tercera causa tiene que ver con los problemas de salud mental, que han cobrado especial relevancia en los últimos años. Los trastornos de ansiedad, disociativos o relacionado con estrés estuvieron detrás de 14.506 bajas el año pasado. La visibilidad de este problema de salud pública ha adquirido tal magnitud que el Consejo General de la Psicología (COP) ha puesto en marcha la campaña 'Tenemos que hablar de esto' para avanzar en la sensibilización, y alerta de que el 30% de los españoles ha sufrido ansiedad en el último mes.
Nuevo sistema
El pasado 1 de abril se implementó un nuevo sistema en la gestión de incapacidades temporales que exime al trabajador de la obligación de presentar a su empresa el parte de baja. Hasta esa fecha, tenía que entregarlo con un límite de tiempo de hasta 72 horas del inicio de su incapacidad temporal. Pero actualmente es el médico o la mutua los que tiene que enviar esa documentación por vía telemática al Instituto Nacional de la Seguridad Social, y, a su vez, este organismo es el que tiene que ponerse en contacto con las empresas de cada trabajador. No obstante, no es posible evaluar todavía el impacto que ha tenido esta medida en las bajas laborales, si es que ha tenido alguno, puesto que no hay datos oficiales al respecto.
El responsable del área de Salud Laboral de la Secretaría de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Javier Mielgo, asegura que hay varios factores que explican este incremento de las bajas. «Es algo que viene derivado del covid, un periodo en el que se emitió un gran número de bajas por contingencias comunes», señala. Además, recuerda que «la reforma laboral ha traído un incremento del número de trabajadores que han accedido al mercado laboral, aproximadamente un millón y medio de personas», y eso influye en el aumento de incapacidades temporales.
Por otro lado, Mielgo denuncia «la gran diferencia entre la duración de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y los que son por contingencias profesionales». El representante de CCOO asegura que «las entidades colaboradoras de la Seguridad Social», en referencia a las mutuas, «no dejan un proceso de recuperación suficiente para que un trabajador se pueda incorporar a su puesto de trabajo con garantía». Por último, Mielgo hace referencia al «debilitamiento del sistema público de salud tras la pandemia», por el descenso de personal, que hace que «las listas de espera para las pruebas diagnósticas sean mayores», y eso redunda en mayor tiempo de baja.
Un argumento en el que coincide con la secretaria de Salud Laboral de UGT en Castilla y León, María Fe Muñiz, quien también incide en el impacto que ha tenido la reforma laboral en estos datos porque, según ella, hay muchas personas con contratos laborales a los que las empresas antes despedían, o no renovaban, cuando tenían la mínima sospecha de que podían coger una baja, de modo que esos procesos no acababan por reflejarse en los datos. Y ahora sí, gracias al avance de la contratación indefinida y la posibilidad de coger la baja sin miedo a un despido. Por ejemplo, por una maternidad.
Hay otros factores que también afectan. Por ejemplo, la ampliación de la edad de jubilación y la prolongación voluntaria de la vida laboral. «Cada vez hay más trabajadores en activo con mayor edad y las capacidades no son las mismas», señala. A eso añade «el mayor conocimiento que cada vez tienen los trabajadores y trabajadoras de sus derechos» sobre su salud en el trabajo, el «atasco» del sistema de salud y el incremento de la siniestralidad «por falta de inversión de las empresas en prevención».