El Ministerio de Igualdad propone ofrecer a las víctimas de violencia de género que se encuentren en situación de vulnerabilidad una solución habitacional inmediata y el acceso al ingreso mínimo vital después de constatar que algunas de las últimas mujeres asesinadas vivían con sus agresores por necesidad económica.

En una rueda de prensa celebrada este viernes tras el comité de crisis por los últimos asesinatos machistas, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha expuesto algunas de las propuestas que el Ministerio ha trasladado a las comunidades autónomas, con quienes se ha reunido para "analizar pormenorizadamente" los seis asesinatos de enero y los ocurridos en diciembre.

Del análisis de estos crímenes, Igualdad ha sacado la conclusión de que algunas de las víctimas cohabitaban con sus agresores tras romper la relación por cuestiones económicas, por eso una de las propuestas planteadas es proporcionar una solución habitacional de forma inmediata y el acceso al ingreso mínimo vital, así como a otras ayudas sociales, cuando la valoración policial del riesgo sea alta.

"Tenemos que ser capaces no solo de que los servicios de protección estén disponibles, sino de buscar la manera de llegar eficazmente a las víctimas sin necesidad de largos trámites burocráticos", ha reseñado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puntualizado que tanto esta como el resto de propuestas son "provisionales" y no se llevarán a efecto de manera inmediata, ya que todas las medidas han de someterse a la consideración de la conferencia sectorial de Igualdad.

Otra de las propuestas que baraja el departamento es la creación de un servicio de atención psicológico especializado en violencia machista dentro del Sistema Nacional de Salud.

Igualdad plantea que la atención psicológica que reciben las víctimas sea "continuada" y no se circunscriba al momento posterior a la agresión, algo que en su opinión puede servir como "detección precoz" de mujeres que en el pasado hayan sufrido malos tratos y se encuentren de nuevo en la misma situación.

Otro de los puntos en los que se quiere centrar Igualdad es en el ámbito rural, donde las mujeres "se enfrentan a más obstáculos porque no disponen de todos los servicios públicos con la misma cercanía que en otros núcleos de población más amplios".

En esas zonas, Igualdad quiere contar con mecanismos similares a los puntos violeta que permitan la derivación inmediata de las mujeres a centros de atención a las víctimas de violencia machista de municipios más cercanos.

Rosell ha argumentado que en un país donde el 57,3% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido algún episodio de violencia machista "el Estado tiene la obligación de ser proactivo y buscar los lugares a los que sí acuden las víctimas, para ofrecerles la conexión con los servicios básicos".

Esta es la segunda reunión del comité de crisis -la primera se celebró el 28 de diciembre-, que se convocará cada vez que se acumulen cinco o más crímenes de violencia de género al mes.

En este caso han sido convocados los ministerios de Justicia e Interior, la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, y todas las comunidades autónomas que han querido participar, entre ellas las gobernadas por el PP, con quien Rodríguez ha destacado la buena sintonía.

"Tengo la sensación de que cuando no hay cámaras ni redes sociales nos entendemos mucho mejor trabajando en la lucha contra la violencia machista", ha reseñado la secretaria de Estado, que ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "tenga tan claro como sus consejeras que esta es una cuestión en la que todos tenemos que estar del mismo lado".

La ley del 'sí es sí' es "sólida"

Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha entrado a valorar las críticas que varias figuras de la izquierda, como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena o la candidata a la misma alcaldía por Más Madrid, Rita Maestre, han vertido sobre la negativa del Ministerio a modificar la Ley del solo sí es sí. Montero ha insistido en que se trata de una norma "sólida".

Preguntada por estas opiniones durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Crisis por los últimos asesinatos machistas, la ministra ha asegurado que no haría valoración de las mismas, aunque ha apuntado que quienes critican que no se reforme la ley también admiten que es "sólida" y que "es necesario" el marco de protección que incluye.

"Lógicamente compartimos la preocupación que tiene la sociedad por esas decisiones judiciales de rebajas de penas que no corresponden con el decreto de la Fiscalía, ni con el espíritu y la voluntad del legislador", ha apuntado Montero en su respuesta.

Además, ha indicado que ante esa preocupación, su Ministerio está ocupado en llevar a cabo "todo lo que esté en su mano" para "garantizar la correcta aplicación de la ley". "Y así seguirá siendo", ha concluido.

Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que en "este momento inicial" en el que la ley se está "interpretando de forma tan diversa por parte de diferentes audiencias, tribunales superiores de justicia y órganos judiciales", sería buena la ampliación de competencias de los juzgados de violencia contra la mujer a la violencia sexual.

A su juicio, "sería bueno" que estos casos "se encontraran al menos en fase de recurso con una Fiscalía especializada y que conoce al dedillo la Ley del solo sí es sí", según ha declarado. Esta ampliación de competencias de los juzgados de violencia contra la mujer se recoge, precisamente, en dicho texto.