La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo día 31 de enero contra el matrimonio formado por Francisco Javier F.S. y María Jesús C.M, por falsificar unos certificados Covid aparentando que eran positivos para así evitar que fueran desahuciados por la titular de la vivienda donde vivían.
Los encausados son los padres de la que fuera edil de Festejos en el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, Inés María F.S, que el pasado año fue condenada a dos años y tres meses de prisión por estafa y falsedad.
El progenitor de la condenada, que al igual que su hija fue en su momento concejal del PP en dicho municipio, y su esposa están acusados de un delito continuado de falsedad de certificación y se exponen a una posible condena de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 3.000 euros, según el escrito de la Fiscalía de Valladolid recogido por Europa Press fuentes jurídicas.
La causa contra el matrimonio tiene su origen en un juicio verbal por desahucio contra ella seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Medina del Campo en cuya tramitación, con el ánimo de demorar la recuperación de la posesión de la vivienda en la que vivía por parte de la arrendadora, confeccionó varios informes de pruebas Covid-19 en los que hicieron constar que la PCR había dado positivo y los aportaron al procedimiento como justificante para que el lanzamiento programado no se llevara a efecto.
Dichos informes los presentaron los días 4 de febrero y 18 de febrero de 2021, lo que provocó la suspensión de los lanzamientos señalados por el Juzgado de Primera Instancia 3 los días 10 de febrero y 3 de marzo del mismo año, cuando en realidad la única prueba de Covid a la que se sometieron los acusados fue el 24 de agosto, en ambos casos con resultado negativo.
Los acusados son, casualmente, padres de la exedil de Festejos en el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo, Inés María F.S, condenada el pasado año a una pena de dos años y tres meses de cárcel por delito de estafa agravada y de otro de falsedad en documento oficial, al quedarse con el dinero que una amiga íntima había ido ingresando en una cuenta de la exmunícipe en la creencia, sin embargo, de que la misma pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria y de que con ello dejaba libre de cargas el piso que pretendía vender.
Así, el fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y pendiente de resolución, supuso dos años y tres meses de prisión y una multa de seis meses --6 euros diarios durante ese periodo--. Además, en concepto de responsabilidad civil, la condenada deberá indemnizar a los perjudicados en la cantidad global de 10.322 euros.