La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto que la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, deberá pagar dos multas, una de 2.500 euros y otra de 2.200 euros, por realizar declaraciones "electoralistas" y vulnerar el principio de neutralidad en dos ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros.

El primer expediente, abierto el 10 de mayo pasado por sus declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada el 3 de mayo anterior, se ha resuelto con una sanción de 2.500 euros.

La JEC entiende que la también ministra de Política Territorial realizó manifestaciones "con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de que disponía en su condición de ministra, quebrantando "el principio de neutralidad" que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral y "la consiguiente merma del principio de igualdad" entre las distintas fuerzas políticas.

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Foto: Europa PressRecuerda la JEC en el fallo, contra el que cabe recurso, que la Ley Electoral prohíbe, desde la convocatoria de las elecciones hasta su celebración, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas.

El segundo expediente incoado a la ministra fue iniciado el 3 de mayo por el mismo motivo, aunque en este caso, por las afirmaciones que hizo durante la comparecencia de prensa después del Consejo de Ministros del 25 de abril, y la JEC también considera que Rodríguez es responsable y resuelve que deberá abonar una multa de 2.200 euros.

Por otro lado, la Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador a la persona responsable de Vox, que contrató en periodo electoral (elecciones del 23 de julio) las inserciones publicitarias "Sánchez destruye España".

Estos hechos, señala este órgano, podrían constituir una infracción electoral que podría ser sancionada con una multa de 300 a 3.000 euros, aunque el expedientado, señala la JEC, tiene la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad y abonar la cantidad de 2.400 euros.

De no hacerlo, Vox tiene diez días hábiles desde la notificación de este acuerdo para presentar alegaciones.