El resultado de las elecciones del pasado 23 de julio ha dejado un complejo escenario político que hace improbable una rápida investidura. Algo que, además de atormentar a sus señorías y a los propios ciudadanos, aleja la posibilidad de contar a tiempo con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, cuyos plazos se presentan ya muy ajustados.

Ya sea con un Gobierno investido después del verano tras una negociación larga o con repetición electoral, todo parece indicar que será necesario prorrogar las Cuentas de 2023 al menos unos meses, ya que resulta prácticamente imposible que haya un proyecto presupuestario en el Congreso antes de octubre como marca la ley.

Tradicionalmente, se asume que los PGE son la ley más importante del año -el rechazo de los de 2019 provocó la convocatoria de elecciones-, ya que constituyen el marco de la política económica del Ejecutivo, definiendo desde las inversiones a la fiscalidad o las pensiones.

En el caso de las Cuentas de 2024, hay que añadir dos factores adicionales: son el instrumento legal donde se deberían recoger las dotaciones para los proyectos de los fondos europeos y afectan al primer ejercicio de las nuevas reglas fiscales europeas, que todavía están pendientes de aprobarse.

Más allá de cuándo se forme Gobierno o de si hay repetición electoral, los eventuales Presupuestos del próximo año ya estarían fuera de plazo, puesto que el calendario marca que los trabajos previos comiencen en julio.

De no ser por las generales, el pasado mes se tendría que haber aprobado el techo de gasto y la senda de déficit, lo que a su vez habría exigido convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administraciones Locales para comunicarles sus referencias de déficit.

El calendario marca que antes de que finalice septiembre, el Ejecutivo tiene que aprobar el proyecto de ley y llevarlo a las Cortes -algo que parece imposible cuando aún no han comenzado los trabajos previos-, donde la tramitación se suele extender alrededor de tres meses.

El país nunca se queda sin Presupuestos en vigor, ya que, si no hay Cuentas nuevas aprobadas, automáticamente se prorrogan las del año precedente, normalmente acompañadas de un decreto con los ajustes necesarios para garantizar su buen funcionamiento e, incluso, para adoptar algunas medidas.

Así, aunque no haya PGE de 2024, las pensiones se revalorizarán con el IPC porque así lo recoge su reforma y también podría aprobarse por decreto la subida del salario de los empleados públicos acordada con los sindicatos, como ocurrió en el ejercicio 2019.

Más compleja se presenta la articulación de los fondos europeos y, sobre todo, de las nuevas reglas fiscales de la UE, que apuntan a una forma completamente nueva de vigilar la estabilidad fiscal de los países y que España afrontará sin referencia de déficit.

La casi inevitable prórroga de los Presupuestos de 2023 será la novena de la democracia, después de las de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017 y las dos de las Cuentas de 2018, las únicas con doble extensión.

Las Cuentas de 2017 entraron en vigor un mes de junio y las de 2018, en julio, tras superar una tramitación sin precedentes que incluyó el cambio de Gobierno fruto de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy.

Las de 2018 se convirtieron en las más longevas de la democracia (estuvieron en vigor hasta el cierre de 2020), ya que los PGE de 2019 fueron rechazados por el Congreso y nunca se presentaron los de 2020 -el Gobierno estuvo en funciones hasta enero de ese año y poco después estalló la pandemia de coronavirus-.

Una vez superada la parte más dura de esa crisis sanitaria, los Presupuestos han logrado cierta estabilidad: los de 2021, 2022 y 2023 entraron en vigor el 1 de enero, aunque todos ellos llegaron al Congreso con algunos días de retraso, ya entrado octubre.