La Guardia Civil de Valladolid informó a principios de esta semana de que había procedido a destruir 1.319 armas depositadas en la Comandancia, una vez realizados los trámites oportunos y cumplidos los plazos de depósito que marca la ley. Una parte de ellas eran propiedad de particulares que las entregaron voluntariamente a la Intervención de Armas y Explosivos de la Benemérita, otras procedían de licencias que habían caducado y el resto tenía en su origen «en la comisión de hechos delictivos, infracciones administrativas o por ser prohibidas».

No es tan extraño que tanto Policía como Guardia Civil denuncien a ciudadanos por posesión ilegal de armas o simplemente por exhibirlas en lugares prohibidos. Son dos aspectos que vienen regulados en diferentes artículos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Según los datos que maneja el Ministerio del Interior, el año pasado se impusieron en Valladolid 491 sanciones por diferentes aspectos relacionados con las armas. Son un 17% más que el año anterior y la cifra más alta desde que el Ministerio empezó a ofrecer estos datos a nivel provincial, en 2015.

La mayoría de esas sanciones, 450, tienen que ver con el incumplimiento del artículo 36.10 de la citada ley, que castiga como infracción grave «portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal».

Otras 39 tienen que ver con la «fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, certificación, enajenación o utilización de armas reglamentarias, explosivos catalogados, cartuchería o artículos pirotécnicos, incumpliendo la normativa de aplicación, careciendo de la documentación o autorización requeridas o excediendo los límites autorizados cuando tales conductas no sean constitutivas de delito, así como la omisión, insuficiencia, o falta de eficacia de las medidas de seguridad o precauciones que resulten obligatorias». Otra infracción considerada grave.

En las estadísticas también figuran dos leves, una por «exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio» y otra por «omisión o insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de la documentación de armas y explosivos, así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de la misma».
La cuantía de las sanciones también ha seguido la misma línea ascendente que el número de denuncias. Tanto en términos absolutos como la multa media, que en 2019 fue de 604 y los años posteriores pasó a 616, 644 y 665, respectivamente.

Cuando en el depósito se acumula un número determinado de armas y se decide destruirlas, lo habitual es enviarlas a una empresa de fundición de acero para convertirlas en chatarra. Entre las 1.319 enviadas esta semana por la Guardia Civil, había 585 armas de fuego, 141 armas cortas, 98 de aire comprimido, 75 armas detonadoras, 453 armas blancas y 106 objetos prohibidos, además de una ballesta y un arco.

Hasta el año pasado la Guardia Civil celebraba una subasta anual en la que daba salida a este material, pero este procedimiento se anuló en toda España.